Procede juicio político contra Fiscal de Veracruz

Tras una nueva confrontación entre diputados de MORENA y del PAN, las comisiones permanentes unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso de Veracruz determinaron en sentido positivo dos de las tres denuncias de juicio político que han recibido para su análisis en contra del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz.

Así, de ser aprobados los dictámenes en un lapso de 24 horas por los legisladores de dichas comisiones, se instruirá el juicio político por conducto de la Comisión Permanente Instructora.

Lo anterior con el reclamo de la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, quien señaló irregularidades en la dictaminación.

Se dieron en sentido positivo las denuncias de juicio político del abogado Jorge Reyes Peralta, como representante del exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y la tramitada por el ciudadano Francisco Zarate Aviña, excolaborador de Luis Ángel Bravo Contreras, sin embargo, se desechó la que presentó la organización civil ONEA, a cargo de Iván Gidi.

Los proyectos de dictamen fueron leídos en sesión de las comisiones unidas este jueves, poniendo un término de 24 horas para su estudio y que los diputados integrantes señalen su manifestación a favor o en contra. De recibir el aval de los legisladores, el dictamen se turnará a la Comisión Instructora.

Al realizarse la sesión de las comisiones unidas la diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales, acusó que no se le dio acceso a los expedientes con un plazo mínimo para conocerlos y participar en la dictaminación de los mismos en sentido positivo o negativo.

Como integrante de la Comisión de Gobernación, dijo que fue convocada sin haberle dado vista de los expedientes para poder participar en la elaboración de los documentos, aunque los 6 integrantes de las comisiones tienen Derecho a participar.

Además, mencionó que la presidenta de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Mónica Robles Barajas, otorgó una prórroga de 10 días a los denunciantes para aportar más pruebas, requiriendo el documento en el que quedó constancia del aplazamiento conferido.

La legisladora de MORENA y presidenta de la COMISIÓN de Gobernación, Adriana Paola Linares Capitanachi, refirió que este miércoles llegó la solicitud por escrito de la panista para hacerse llegar de los documentos, afirmando que se están apegando a la Ley para dictaminar las denuncias de juicio político y la información requerida se le entregará como corresponde.

No obstante, la panista reviró que con lo anterior la morenista dejó constancia de que no fue notificada de la dictaminación como era su Derecho, de ahí que tuvo que pedir por escrito los expedientes que dan pie a dos denuncias de juicio político.

“El dictamen se hace entre todos los miembros de la comisión, se está vulnerando mi derecho a participar en la dictaminación (…); yo debí de haber participado en la elaboración”, reclamó Gamboa Torales.

Procede iniciar juicio a Winckler

Según la Ley de Juicio Político y declaración de procedencia del Estado, para determinar en sentido positivo las denuncias recibidas, las comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales debían de haber analizado si el denunciado es servidor público conforme al artículo 77 de la Constitución Política del Estado.

También si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado (Winckler Ortiz), y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.

En ese sentido, los legisladores determinaron el sobreseimiento de la denuncia de ONEA al considerar que no cumplía con alguno de estos requerimientos.

No obstante, al considerar que las otras dos denuncias satisfacen los requisitos mencionados las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales formularán el dictamen previo y lo depositarán junto con el expediente en la Secretaría General del Congreso.

Finalmente, según Artículo 20, la Secretaría General turnará el dictamen previo y el expediente a la Comisión Permanente Instructora, para emplazar al denunciado para que en el plazo de siete días siguientes al que surta efectos la notificación exponga lo que a su derecho convenga, por comparecencia personal o por escrito, “a su elección”.