Con la finalidad de coadyuvar en la transparencia de la rendición de cuentas de los entes fiscalizables, Fernando González Arroyo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, dio a conocer que propondrá que las labores de fiscalización las realice también el Poder Legislativo en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior.
Mencionó la necesidad de modificar la Ley de Fiscalización para que el Congreso trabaje a la par con el ORFIS en materia de auditorías.
En el caso de que algunos de los 83 Ayuntamientos, a quienes no se les aprobó la cuenta pública del 2008 por presunto daño patrimonial, no solventen las observaciones, se le cuestionó que si se procederá en su contra respondió:
“Vamos a ver primero si solventan las observaciones que les hizo el ORFIS, porque no todos pueden ser tratados de la misma forma, hay algunos que efectivamente cometieron daño patrimonial, otros hicieron alguna desviación de recursos, es decir, que fueron aplicados los recursos en otras áreas que no correspondían y unos más que incurrieron en irregularidades administrativas”.
El también coordinador de la bancada priista, reconoció que hay casos diferentes que el ORFIS deberá tener mucho cuidado en cuanto reciban la solventación de las observaciones de parte de las autoridades de esos 83 Ayuntamientos, para que quienes no comprueben realmente la aplicación correcta de los recursos se pueda proceder legalmente en contra de ellos.
Negó que tanto el ORFIS como la Procuraduría General de Justicia del Estado incumplan con su trabajo para llevar a proceso penal a los responsables del daño al erario público municipal.
“Lo que sucede es que la Procuraduría tiene que llevar un proceso como es el descargo de pruebas, audiencias, para ver si realmente son culpables los denunciados, porque los procesos judiciales no son de un día para otro llevan su tiempo”.