Propone Sección 56 del SNTE que patrones cubran déficit presupuestal del IPE

La Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) propuso hacer efectiva la disposición del Artículo 98 de la Ley 287 de Pensiones del Estado, para que los patrones, en la proporción que corresponda, cubran el déficit presupuestal del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Mario Hernández Sánchez, secretario general de la Sección 56 del SNTE, dijo que la Reserva Técnica del IPE tendría que ser de 7 mil millones de pesos si las dos últimas administraciones estatales y los patrones hubiesen aportado lo que correspondía.

En la propuesta que entregó a la Comisión Especial para Estudiar y Proponer Alternativas a la Problemática del Instituto de Pensiones del Estado, recordó que el Artículo 98 de la Ley 287 de Pensiones del Estado establece que:



“De darse el caso de que los recursos del Instituto no bastaren para cumplir con las obligaciones a su cargo, establecidas por esta ley, el déficit será cubierto por los patrones en la proporción que a cada uno corresponda, previa la celebración de convenios especiales. El Gobierno del Estado será responsable solidario del cumplimiento de esta obligación.”

En ese sentido, expuso que de aplicarse lo que establece tal Artículo, el IPE, con todo y su alto déficit, debería contar con una Reserva Técnica superior a los 7 mil millones de pesos.

“Durante gran parte del ejercicio del gobierno de Fidel Herrera Beltrán y de Javier Duarte de Ochoa, no se destinaron los recursos necesarios para cubrir el déficit generado por egresos mayores a los ingresos por cuotas y aportaciones”.



Ejemplificó que ante el déficit de 13 mil 481 millones 873 mil 203 de pesos por concepto de subsidio, ordinario y adicional, de 2007 al 2015 el Gobierno del Estado entregó sólo 6 mil 902 millones 572 mil 694 pesos; arrojando un faltante de 6 mil 579 millones 300 mil 509 pesos.

Dijo que ese faltante se cubrió por el Instituto con cuotas y aportaciones de la generación de 1997, que debieron ir a su reserva técnica específica, con una cantidad de 664 millones que formaban parte de los mil 600 millones que se prestaron al Gobierno del Estado y que, aun cuando los paga, este monto no regresa en su totalidad a la Reserva Técnica, sino que se aplica el monto mencionado para el pago de prestaciones.



Destaca la cantidad de mil 672 millones 368 mil 189 pesos, que se retiran del fondo de préstamos tradicional, más mil 556 millones 395 mil 394 pesos, de ese mismo fondo, al que se adicionaron recursos que se tomaron de la Reserva Técnica. Todo ello para el pago de las pensiones y gastos de operación.

Hernández Sánchez, también presentó las propuestas de mantener y fortalecer nuestro actual sistema solidario, de reparto y beneficios definidos que establece la Ley 287 de Pensiones del Estado.

La aplicación del Artículo 98 de la Ley 287, procediendo a la firma de los convenios con los entes públicos, para que contribuyan con la parte proporcional del déficit histórico y subsecuente que les corresponde.



La realización de estudios actuariales y los que resulten pertinentes, desde distintos enfoques, para sobre esa base, implementar las medidas necesarias que permitan asegurar el cumplimiento de las obligaciones del IPE.

Legislar que el subsidio ordinario se incremente año con año en la proporción que se requiera, para subsanar el déficit que presente el Instituto.

Reincorporar a la ley 287 del IPE, como prestación obligatoria, los “préstamos hipotecarios” y los “créditos para la adquisición de propiedad de casa o terreno para la construcción de la misma, destinada a la habitación familiar del trabajador”.



Restitución, por parte del Gobierno del Estado y los entes públicos, de la Reserva Técnica del IPE.

Reformar la Ley 287 del IPE para que, entre otros aspectos, contemple la integración equilibrada del Consejo Directivo del IPE y se establezca que el 14 de marzo de cada año, "Día del jubilado", se pague un bono anual de 2 mil 500 pesos, por concepto de apoyo a la economía, a quienes tengan pensiones menores a 10 salarios mínimos. Este bono será susceptible de incrementos anuales de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Asimismo, el establecimiento de otros mecanismos complementarios de financiamiento que contribuyan a fortalecer e incrementar la Reserva Técnica del Instituto y al cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones del Instituto.