Propone SNTE reingeniería administrativa y financiera para el IPE

Para dar viabilidad económica al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Manuel Arellano Méndez, secretario general de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), propuso realizar una reingeniería administrativa y financiera de esta Institución en donde contemple una bolsa para los afiliados a esta organización sindical consolidada con sus cuotas y otra para magistrados y altos funcionarios del Gobierno estatal.

En conferencia de prensa, en donde se dio a conocer que durante los días 8 y 9 de octubre próximo se efectuará el Congreso Seccional de Educación, el líder magisterial comentó que de esta manera el IPE garantizaría el otorgamiento de las prestaciones a los afiliados a esta organización sindical.

Explicó que no es posible que todos los trabajadores sufraguen el pago de pensiones altísimas a magistrados o a funcionarios, cuando a un trabajador de la educación su pago es irrisorio.

“Ese tema no se discute hay muchos casos de magistrados y funcionarios al servicio del estado que tienen pensiones de 70 mil, 80 y 90 mil pesos lo cual es insostenible, cuando la generalidad de los compañeros de la educación sus pensiones no rebasan los 10 mil pesos”, añadió.

Estas pensiones altas -dijo- socavan las finanzas del Instituto, por el desfasamiento que se da, aun cuando estos servidores públicos cotizan muy alto, hay una brecha enorme entre la cotización y la pensión que reciben.

Puso en la mesa de los debates esta propuesta porque ya se tiene un ejemplo de esta situación en el estado de San Luis Potosí, en donde los trabajadores de la educación tienen su bolsa aparte para garantizar la viabilidad de sus pensiones, de ahí que este mismo esquema se pueda aplicar en la entidad veracruzana.

“Vamos a tratar de realizar una reingeniería del IPE, en donde la bolsa de la Sección 56, sea consolidada y fortalecida con las aportaciones de sus agremiados, porque no me parece congruente que la cotización de los trabajadores se utilice para pagar las pensiones de los magistrados y funcionarios al servicio del Gobierno estatal”, reiteró.

Por otro lado, demandó que haya mayor transparencia en el manejo de los recursos del Instituto, porque a la fecha hay opacidad en este rubro e insistió en que debe informarse el monto de las percepciones de los funcionarios de primer nivel del IPE, porque existe la versión de que en administraciones anteriores, éstos percibían salarios elevadísimos.

Finalmente, dio a conocer que antes de iniciar la discusión de la reforma a la Ley del IPE, se debe regularizar el adeudo que se tiene desde 2009 y que actualmente asciende a 3 mil 850 millones de pesos, y de no atenderse este asunto, sólo se podrán garantizar los servicios que brinda a los derechohabientes por un plazo de cuatro años, de ahí la urgencia de apuntalar esta institución para evitar su colapso financiero.