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Sección: Estado de Veracruz

Proponen desaparecer Consejo Directivo de IPE, piden Órgano de Gobierno que rinda cuentas

- COPIPEV pedirá que el Órgano se conforme por 5 especialistas en finanzas y administración

- Representantes sindicales y de jubilados formarían parte de Órgano de Vigilancia

- 13 integrantes de Consejo de Administración causaron crisis del Instituto: Adriana Chávez

Angeles Gonz?lez Ceballos Xalapa, Ver. 04/08/2017

alcalorpolitico.com

La iniciativa popular que propondrá la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), pretende que el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) deje de tener un consejo directivo como el que existe a la fecha, pero sí que tenga un órgano de gobierno que esté sujeto a reglas, a transparencia y rendición de cuentas.

Así lo manifestó la representante de la Coalición, la exacadémica de la Universidad Veracruzana, Adriana Chávez Tejeda, quien además subrayó que la propuesta de los pensionistas es que el nuevo órgano de gobierno lo integren 5 especialistas en finanzas, en administración y sin ningún representante sindical.

Agregó que los representantes sindicales y los representantes de los jubilados y pensionados estarían en otro apartado que tendría igual importancia porque serviría como órgano de vigilancia de ese nuevo órgano de gobierno, por lo que ahora sí habría representación de los trabajadores y de los jubilados y pensionados que no hay al día de hoy.

Chávez Tejeda explicó que los 13 integrantes del Consejo de Administración en pasadas administraciones estatales han tomado decisiones “terribles”, son los que han dejado al Instituto con el déficit que tiene actualmente.

Consideró que de lo que se trata, con la iniciativa que presentarán, a través de una iniciativa popular, contemplada en el Artículo 34 de la Ley del Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular de la Constitución Política del Estado de Veracruz; es dar cabida a que haya vigilancia ciudadana.

Detalló que en el nuevo órgano propondrán que haya a su vez, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del ORFIS, quizá uno de la Contraloría General para que vigilen el desempeño de los 5 especialistas encargados de administrar al IPE y que a su vez estarían en coordinación con otros departamentos de la gestión de los recursos.

Con la autonomía constitucional buscarán que nadie pueda “meter la mano” en las finanzas, nadie externo al Instituto.

Asimismo, en relación a que no alcanzan las cotizaciones, Adriana Chávez expresó que esto no les acaba de convencer, toda vez que los trabajadores, de 129 municipios al menos, todos, cotizan al IPE, asimismo, todos los trabajadores de las dependencias estatales cotizan al Instituto, de manera que podrían ser unos 300 mil trabajadores los cotizantes en todo el Estado y los jubilados son 29 mil.

“No nos salen las cuentas cuando nos dicen que no alcanzan las cotizaciones”, dijo.

Entrevistada también con relación a la marcha que realizaron hace unos días, debido a la falta de eficiencia en las investigaciones por las denuncias que interpusieron contra los integrantes del Consejo de Administración; Chávez informó que Gustavo Basto Pulido, fiscal especializado en Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado, les aseguró que las carpetas de investigación van lentas, pero avanzando y les aseguró que se está acercando “el momento de la resolución”.

Dijo que no comprendieron qué quiso decir “cercano” para ellos, si un mes o un año, sin embargo, no quitarán el dedo del renglón para que la Fiscalía avance en las investigaciones porque los 13 integrantes del Consejo de Administración del IPE son responsables de la crisis en la que se encuentra.

Chávez Tejeda añadió que ellos acudieron a la Fiscalía a entregarles nuevas evidencias de que los responsables del saqueo de la institución fueron esos 13.

Recordó que de los 13, siete cambian cada seis años o cada nueva administración, son funcionarios de la administración estatal, pero siete, es decir, los representantes sindicales, están ahí hace más de 40 años o más.

Afirmó que los dirigentes sindicales saben cuál es la situación que priva en el Instituto y consideró que tras tantos años como representantes deberían conocer las leyes y deberían saber que está prohibido prestarle dinero al gobierno.

Recordó que el Consejo le aprobó al exgobernador Javier Duarte varios préstamos millonarios y ahora el gobierno de Veracruz debe a la institución 7 mil millones de pesos cuando menos.

Adriana Chávez reiteró que tiene que haber un cambio “radical” en el IPE, en su forma de administrarlo porque ya no es posible que seis personas, al referirse a los dirigentes sindicales, continúen “enquistados” en la administración del Instituto.

Opinó que se deben arrancar de raíz todos los vicios en el Instituto y darle una nueva organización, hacer una reingeniería a través de esa iniciativa popular.

También consideró que es un error que todos aquellos que fueron denunciados por el ORFIS continúen representando a los jubilados en el Consejo de Administración, pues eso es una irregularidad y por ello, insistió en que la Fiscalía General debe acelerar las investigaciones, porque no es posible que ante tantas evidencias de que ellos aprobaron el saqueo, sigan ahí tan “campantes”.

Recalcó que con la firma de los integrantes del Consejo de Administración se ha avalado el saqueo de las finanzas del Instituto, sin ellos no se hubiera podido hacer nada.

Detalló que cuentan con una lista de 129 municipios que adeudan 96 millones de pesos al IPE, asimismo, el CECYTEV debe otra enorme cantidad de recursos, de la misma manera que los institutos tecnológicos, por ello preguntó si no ha habido un consejo directivo que cobre las deudas porque la Ley del IPE define que quien no pague se le debe cobrar y además se le deben cobrar intereses.

En torno a la propuesta de las cuentas individuales, dijo que no están de acuerdo, eso sería como “matar” al IPE porque se dejaría al jubilado únicamente con lo que logró ahorrar durante sus más de 30 años de trabajo y no cotizará el trabajador activo al IPE y no cotizará el patrón.

Opinó que ante esta propuesta el Gobierno lo que busca es deshacerse de la responsabilidad constitucional que tiene el Estado Mexicano con las pensiones.