Proponen legisladores sustituir el término “indígena” por el concepto “grupos étnicos”

Catorce iniciativas de reforma presentaron este lunes ante el pleno del Congreso, diputados del PAN y del PRI, de las cuales destaca la relativa a los artículos 5 y 10 de la Constitución Política del estado, que propone erradicar el término “indígena” cuando se refiera a pueblos indígenas y cambiarlo por el concepto “grupos étnicos”.

Esta propuesta, planteada por el diputado priísta Leopoldo Torres, quien considera que actualmente en el país existen más de 10 millones de personas que conviven dentro de un grupo étnico que hablan una lengua diferente al español de las que se desprenden 10 familias linguísticas, dando como resultado el uso de 300 lenguas que se hablan a lo largo del territorio nacional, a estos grupos étnicos se les sigue denominando grupos indígenas, a pesar de que este término en forma reiterativa de aplica en forma peyorativa, segreguista y discriminatoria.

Es por ello que su iniciativa prevé la necesidad de erradicar del texto de la Constitución Política del Estado el término indígena ya que esto es la principal causa de que en el aspecto político y social, por el sentido que se le da a esta palabra, continúa siendo un lastre para la actual generación de mexicanos y veracruzanos.

Por eso, considera “que el término adecuado para referirnos a estos grupos de personas es el de Grupo Étnico”, que sustituiría a “Grupos Indígenas” de los artículos constitucionales ya citados.

Otra iniciativa fue la presentada por el diputado, también priísta, Dalos Ulises Rodríguez Vargas, que es la relativa a la Ley Estatal de Protección Ambiental, en donde propone la creación de la Procuraduría Estatal de Protección Ecológica y modificar los plazos que actualmente tiene la Coordinación Estatal de Medio Ambiente para dictar los resolutivos respecto de las manifestaciones de impacto ambiental.

Actualmente el término es de 60 días que pueden ser prorrogados por otros 60 días, cuando la Coordinación Estatal de Medio Ambiente le pide al promoverte “información complementaria”. Lo anterior, deviene en un obstáculo burocrático que impide la realización de proyectos productivos e inversiones que se traducen en la creación de fuentes de trabajo.

Propone que en aras de eficientar la revisión y estudio de las manifestaciones de impacto ambiental, se propone que el plazo de 60 días se reduzca a sólo 30 días naturales y, por cuanto hace a la solicitud de información complementaria, la autoridad únicamente podrá hacerlo a los 10 días hábiles siguientes a la fecha de ingreso el manifiesto de impacto ambiental, continuando con la prevención de la prórroga en caso de que se le solicite al promoverte más información.