Proponen registro de funcionarios del Poder Judicial sancionados por corrupción

Como una forma de inhibir la corrupción al interior del Poder Judicial de Veracruz, el diputado local Gonzalo Guízar Valladares propuso la creación del Registro Estatal de Servidores Públicos Sancionadas por Hechos de Corrupción.

Mediante una iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un último párrafo al Artículo 173 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, propone que “una vez que los procedimientos hayan causado estado, los servidores públicos sancionados se inscribirán en un registro de personas sancionadas por actos contrarios al correcto desempeño de la función judicial o por hechos de corrupción, el cual será visible en la página de Internet del Poder Judicial del Estado”.

Expuso que la creación de una lista de personas sancionadas en materia de actos de corrupción tiene como finalidad visibilizar a aquellos servidores públicos que han sido sancionadas por cometer actos contrarios a la normatividad que rige la vida del Poder Judicial.



Aseveró que es común escuchar sobre el fenómeno de la corrupción en el sistema de impartición de justicia, desde el escribiente que realiza o deja de realizar un trámite a cambio de una dádiva, hasta la perpetrada por jueces y magistrados al resolver en contra de las constancias procesales, a veces, interpretando de manera tendenciosa la ley o pasando por alto principios elementales de las pruebas.

Por lo que la lista de personas sancionadas, dijo, se advierte como una herramienta para que las autoridades y la ciudadanía tengan conocimiento de las personas que han incurrido en dichas conductas.

Expuso que esa medida se encuentra justificada constitucional y convencionalmente en el deber de cumplir, en materia de derechos humanos, de todas las autoridades del país, de erradicar prácticas corruptas, por lo que se trata de un mecanismo eficaz para evitar la reiteración de conductas violatorias de la normatividad que debe regir la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial, sobre todo aquellos que están relacionados directamente con la impartición de justicia.



Guizar Valladares, añadió que no es desconocido que muchos delincuentes alcanzan su libertad por errores procesales o bien, por la conducta inapropiada de muchos de los operadores jurídicos.

“Así, atendiendo los reclamos sociales, es momento de buscar de entre las opciones que la normatividad nos permite, aquellas que sean capaces de inhibir las prácticas que no solo afectan la impartición de justicia, sino generan desconfianza de la sociedad hacia uno de los poderes públicos que deberían de ser garantes de la paz y la estabilidad social”.

Reconoció que, si bien es cierto que no todos los errores en materia de impartición de justicia son atribuibles a los juzgadores, también lo es que un gran número si se ubican en esa hipótesis.



De la misma forma, es un hecho generalizado que la percepción de la corrupción incide de manera negativa en la sociedad, la que ve en el aparato de impartición de justicia, un coto de corrupción en el que, llegado el momento, es inevitable eludir.

Dijo respetar las determinaciones de los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, pero no se pude ser ajenos a los reclamos sociales.

“La propuesta que ponemos a consideración busca inhibir conductas contrarias a la legalidad, y sobre todo basados en la idea de que todas las autoridades debemos contar con los mecanismos para prevenir, atender, sancionar y, en su caso, los actos y hechos de corrupción”.



Indicó que los legisladores no deben rehuir la responsabilidad legal de dotar al Poder Judicial del Estado, de herramientas que le permitan abatir el fenómeno lacerante de la corrupción hacia su interior.

Y no pueden ser ajenos a la problemática y reclamo social que se genera cuando una determinación no es adoptada de manera correcta por causas de corrupción.

Una de las formas más eficaces de inhibir tales hechos, es visibilizando a las personas que se han apartado del actuar ético en la función jurisdiccional, lo que se logra, entre otras cosas, con la integración de listas de personas que han incurrido en ese tipo de actos.