Recibió Congreso 5 mil 411 declaraciones patrimoniales de servidores públicos

El Congreso del Estado recibió un total de 5 mil 411 declaraciones de situación patrimonial, de las cuales, 4 mil 907 se entregaron directamente y 504 mediante correo certificado, dijo Juan José Rivera Castellanos.

El secretario general del Congreso del Estado, reiteró que aproximadamente 6 mil servidores públicos de los 212 ayuntamientos, del Poder Judicial y de los órganos autónomos tenían la obligación de cumplir con esa responsabilidad.

Por ello, en coordinación con la Secretaría de Fiscalización se cotejará la información para determinar el número exacto de servidores públicos que incumplieron, toda vez que algunos entregaron su declaración de situación patrimonial en el mes de enero, por lo que no tenían la obligación de presentar la declaración anual.



Aunque la Secretaría General del Congreso del Estado sigue recibiendo declaraciones vía correo certificado, pero ya son en calidad de extemporáneas, debido a que el plazo concluyó el 31 de mayo.

Los que no cumplieron podrían ser sancionados con amonestaciones, multa económica, hasta la destitución del cargo, dependiendo si han sido recurrentes en el incumplimiento o si lo que perciben de salario no corresponde a lo que declaran.

“Hay diversos niveles de sanciones, desde la amonestación, apercibimiento, multa económica, hasta la destitución del cargo, pero hay que advertir siempre la gravedad del caso. Se trata de individualizar la sanción”.



Para eso se revisa si el servidor público es reincidente en el incumplimiento, si ha presentado las declaraciones de situación patrimonial de forma extemporánea, si hay omisiones, o si el salario no corresponde a sus bienes.

Presentar las declaraciones de situación patrimonial es un principio legal y jurídico importante en el servicio público, añadió.

Rivera Castellanos consideró que en dos semanas podría concluir el cruce de la información para saber con precisión cuántos servidores públicos incumplieron, y presentar un informe a la Junta de Coordinación Política para que dicte las líneas a seguir, toda vez que es el Congreso del Estado el que determina las sanciones.