Reconoce Navarrete Prida “graves” problemas en materia de seguridad pública

El titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), Alfonso Navarrete Prida, destacó ante diputados federales la situación de gobernabilidad y de estabilidad política y social que tiene el país, pero reconoció que en materia de seguridad pública existen “graves” problemas.

“Los niveles de violencia alcanzados en algunas zonas del país exigen seguir reforzando las acciones para devolver la paz y la seguridad a las familias”, expresó el funcionario, al iniciar su comparecencia ante Comisiones Unidas con motivo del análisis del sexto informe de Gobierno del Ejecutivo federal.

Navarrete Prida acudió a comparecer ante las comisiones de Gobernación y Población, presidida por Rocío Barrera Badillo; de Seguridad Pública, encabezada por Juanita Guerra Mensa; de Asuntos Migratorios, liderada por Julieta Kristal Vences Valencia, y de Protección Civil y Prevención de Desastres, dirigida por Nancy Reséndiz Hernández.



Al encuentro del funcionario federal con alrededor de 120 legisladores, acudió como invitado el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.

El secretario de Gobernación apuntó que la ola de violencia que azota al país tiene causas multifactoriales, tanto de carácter externo como interno.

Entre los factores externos, comentó, están las actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con el crimen transnacional y el ingreso ilegal de armas de fuego a México desde Estados Unidos.



El 80 por ciento de las armas ilegales que hay en el país provienen del país vecino del norte, acusó.

Respecto a los factores internos, destacan los procesos de urbanización del país, el incremento del número de jóvenes, a los cuales sólo se les puede ofrecer 400 mil empleos por año, y a la debilidad de algunas corporaciones de seguridad pública de los estados y municipios.

“Ante ello se ha destinado casi 25 por ciento más que en la administración anterior de recursos, es decir, arriba de 82 mil millones de pesos para el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad, mejoramiento y modernización de instalaciones, capacitación y dignificación de la labor policial”, aseveró.



El funcionario hizo un reconocimiento a las Fuerzas Armadas del país y a la Policía Federal por su lucha contra la delincuencia en los municipios “que no tienen capacidad de cumplir con su obligación constitucional de brindar seguridad”.

“La participación de las fuerzas federales en tareas de seguridad pública requiere, no obstante, definir el marco legal para la convivencia de militares y civiles en tareas de seguridad, en tiempos de paz, como lo dice la Constitución, siempre con irrestricto apego a los derechos humanos”, externó.

El secretario de Gobernación resaltó la reducción del secuestro en un 54.1 por ciento al comparar agosto de 2018 contra el mes de octubre de 2013, “cuando este delito alcanzó su máximo histórico”, debido, entre otros factores, a la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las unidades especializadas de combate a ese delito en las entidades federativas.



En materia de migración, para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país se fortaleció el programa “Paisano” y se puso en marcha la estrategia “Somos Mexicanos”, con lo cual se ha apoyado a cerca de un millón de compatriotas desde el 2014.

Para garantizar los derechos de los migrantes centroamericanos que ingresan al país se puso en marcha el programa “Frontera Sur”, mediante el cual se han entregado casi 90 mil tarjetas de visitante trabajador fronterizo y más de 500 mil tarjetas de visitante regional, indicó.

Además, desde el 20 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación ha expedido cerca de 100 mil Claves Únicas de Registro de Población (CURP) a extranjeros solicitantes, garantizando así su derecho a la identidad y acceso a diversos trámites que le favorecen.



En materia de acceso a la justicia y protección de los derechos de las víctimas de desaparición forzada, comentó que la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, surgida por mandato de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, “ya está funcionando y dando resultados”.

Navarrete Prida señaló que esta administración se concluyó con la fase de implementación y se está avanzando en la consolidación del sistema penal acusatorio, y para ello, “este gobierno invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, que representa el 90 por ciento del total de recursos federales asignados al proceso de implementación desde que este arrancó en 2008”.

“Gracias al nuevo modelo se han reducido los días que toma resolver un proceso penal, de un promedio de 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común, en 2006, a 30 días, en 2018, en el 77 por ciento de los casos”, apuntó.



“El nuevo sistema coloca como eje la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de las personas. Sin embargo, reconocemos que aún hay retos que debemos atender especialmente para eliminar la llamada puerta giratoria”, expresó.