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Reformas a la Ley de acceso a la información, un obstáculo para los veracruzanos

- A un año de que el Congreso local las aprobara, éstas no favorecen a la transparencia
- Su diseño sólo ha servido para inhibir el ejercicio de la rendición de cuentas, reflexiona AC

Xalapa, Ver. 30/09/2012

alcalorpolitico.com

Boletín de la Flor de Lis AC

Señor Director de alcalorpolitico.com

En el marco internacional del Día del Derecho a la Información, la sociedad veracruzana nada o poco tiene que festejar. A un año de las reformas aprobadas por el Congreso local, dichas reformas sólo parecen garantizar la limitación al derecho de información de los ciudadanos y de la sociedad en general, dado que la actual ley favorece que los sujetos obligados en muchas ocasiones no proceden a la entrega inmediata de la información o que ésta sea entregada de muy baja calidad.

La reflexión que como organismo planteamos, es que las reformas a la ley no han cumplido con su propósito, pues su diseño sólo ha servido para inhibir el ejercicio al mismo; ocurre que al mismo tiempo que se ha logrado que el verdadero ánimo e interés del ciudadano por informarse, a la vez se vea encausado para conducirlo por un largo y sinuoso camino que lo entrampa en un tortuoso procedimiento, al final del mismo, lejos de que el ciudadano puede ver coronada su petición con la exigencia de la entrega de la información, ésta no llegue a buen término.

Esto se debe a que las resoluciones que emite el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información pueden ser impugnadas y a que se alarguen en un proceso que demora su entrega, lo que provoca que el ciudadano se vea frustrado, ya que su carácter ahora no es definitivo. Estas conductas en nada abonan a favorecer la cultura de la trasparencia y la rendición de cuentas.

En Veracruz, las facultades que el órgano garante tenía para hacer cumplir de manera inmediata las resoluciones, les fueron acotadas. A cambio de esto se consiguió que su estructura fuera más obesa y ejerza una autonomía más plena en su interior al tener funcionarios como órgano colegiado con autonomía presupuestal, pero que en la aplicación de la ley no trasciende más allá de la sede de su edificio.

Un fenómeno que llama la atención y contrario a lo que pudiera pensarse, van en aumento las cargas de trabajo para el instituto, pero no por su eficacia, sino que éstas obedecen al incremento de los usuarios al ejercitar su derecho de acceso a la información; los sujetos no cumplen con su obligaciones de trasparencia, sino como una clara consecuencia de que los poseedores de la información pública, son ahora más renuentes y más opacos al refugiarse en los huecos que la nuevas reformas les permiten.

En una evaluación hecha por nuestra organización, ahora el 50 por ciento de los sujetos obligados (ayuntamientos) incumplen con la ley, más del 30 por ciento están bajo las medidas de apremio, y en muchos casos la información que por ley deberían tener los usuarios solicitantes en un plazo de 20 días máximo, se alargan hasta un año sin ver un claro y efectivo cumplimiento de las resoluciones. En estos casos se encuentran más de 50 municipios, entre los que destacan los ayuntamientos de Coatzacoalcos, Tlapacoyan, Totutla, Coatepec, San Andrés Tlanehuayocan y Actopan, por citar algunos.

Llama la atención el ayuntamiento de Coatepec, “Pueblo Mágico”, donde se tiene conocimiento de un caso de clenbuterol en el rastro de aquella población, mismo que dio positivo; hasta el momento la autoridad ha negado el derecho a saber de dónde proviene el ganado y dónde se distribuye o se distribuyó el mismo.

Así las cosas. Hay mucho por hacer como sociedad civil organizada con la única finalidad de hacer que el instituto funcione para el fin con que fue creado, por otra parte, a 5 años de entrar en vigor la ley, vemos el poco interés de los sujetos obligados a establecer sus unidades de acceso a la información.
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