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Sección: Estado de Veracruz

Reparten culpas por fallas de autoridades de Veracruz en atención a desaparecidos

- Anaís Palacios, quien deja el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, exhibió mala labor

- Secretario de Gobierno “ha brillado por su ausencia” en sesiones

- Fiscalía limita trabajos al centralizar servicios; acusa nepotismo en Comisión

José Topete Xalapa, Ver. 18/01/2021

alcalorpolitico.com


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Al concluir su periodo de dos años como integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEAV), Anaís Palacios Pérez evidenció poca transparencia en el gasto de recursos destinados a búsqueda de desaparecidos y falta de certeza en el presupuesto asignado en la materia, así como desatención de los altos funcionarios en sus actividades.

Al respecto, mediante un informe, refirió que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, ha brillado por su ausencia en las sesiones del mecanismo estatal de Coordinación, caracterizándose por impulsar o no las tareas de la CEAV respaldando comunicados de la Fiscalía y pidiéndole no tomar represalias a quienes ejercen su libertad de expresión.

Añadió que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez sí ha participado en las reuniones pero sólo atendió a consejeros que pertenecen al rubro de familiares y no convocó ni escuchó al resto de los integrantes del Consejo al que la propia Palacios Pérez perteneció.



Además, criticó la centralización de los servicios de la Fiscalía General del Estado, lo que limita las posibilidades de las delegaciones y subdelegaciones de Servicios Periciales, entre otras irregularidades como posibles actos de nepotismo o contratación “de amigos” en la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, a cargo de Brenda Cerón Chagoya, así como el rezago en cifras oficiales de desaparecidos.

“Muy pocas personas han podido recuperar a sus familiares y, lamentablemente, un número mucho menor ha podido obtener verdad y justicia”, expuso Palacios Pérez en su informe.

Agregó que los instrumentos de seguimiento y evaluación se han centrado en casos principalmente de hallazgos y escenarios forenses, dejando de lado los casos que ameritan investigación, análisis de contexto, el trazado de planes y rutas de búsqueda en vida, la identificación de restos, la colaboración en la alimentación de registros nacionales, planes estatales, entre otras tareas que conduzcan a la localización de personas desaparecidas, lo que a su parecer se debe mejorar, planteando además continuar el desarrollo y monitoreo de la aplicación “Buscando Ver”, entre otras medidas.



Igualmente ofreció un análisis de las irregularidades detectadas en cada instancia del Gobierno que participa en la búsqueda de desaparecidos en Veracruz. En cuanto a la Comisión de Búsqueda, afirmó que pareciera que “ahí la lleva”, con más personal y trabajo empático, aunque se deben aclarar algunas críticas.

“Se han externado señalamientos sobre contrataciones de amistades o de personas que no cubren el perfil profesional adecuado, lo cual no ha sido aclarado en su momento por las autoridades (…)”.

“Se acusa actuar indebido y prepotente de algunas personas del funcionariado vinculado o responsable de atender esta problemática, demandas que, igualmente, han quedado en el silencio o sin consecuencia alguna, por parte de sus superiores”.



Fiscalía General dificulta trabajos

En cuanto a la Fiscalía General, Palacios Pérez sostuvo que ha habido 4 fiscales especializados en atención de denuncias por personas desaparecidas, lo que ha impactado en los casos, a veces de forma positiva y a veces de forma negativa.



“En algunos casos, los colectivos y las familias, las víctimas mencionan un rezago en los casos de las regiones y de poca ética y capacidad para investigar diligentemente y con inmediatez”.

“Familiares han reportado que las y los fiscales conocen poco de la materia y ocasionalmente manifiestan que parece que estas personas reciben órdenes de no avanzar”.

Resaltó como una gran faltante la actualización de la cifra de personas desaparecidas, contrastada entre los registros oficiales, que son públicos y la creciente incidencia del delito de desaparición de personas “que es reportada por medios de comunicación y familiares, las personas que han sido localizadas, tanto con vida, sin vida y aquellas que han sido identificadas en registros forenses”.



Dijo que en las reuniones participó la titular la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales, Maricela Aguilera pero en la mayoría de los espacios de interlocución no acudió el titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas.

En ese sentido, dijo que hay poca transparencia en cuanto a los recursos específicos destinados para la materia, como compra de insumos, documentos de proyectos para construcción, ampliación y remodelación de espacios de laboratorio, osteoteca y edificios de SEMEFO.

“Resaltan dudas no resueltas, como el número de muestras genéticas sin procesar, las condiciones de la bodega de indicios, el número preciso de los restos no identificados, así como el tiempo preciso o por lo menos estimado, que se tomará en obtener los perfiles genéticos de los cuerpos y restos humanos, en los casos que aplique, también es preciso que se informe cuántas personas han sido identificadas en la comparativa con el número de cadáveres que tienen”, agregó.



SSP toma fotos a familiares de víctimas de desaparición forzada

En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvo que los trabajadores resguardaron las diligencias, aunque en ocasiones no sabían el objetivo de su comisión y fotografiaron a familiares, lo que causó descontento, sobre todo en familias cuyos casos corresponden a desapariciones forzadas cometidas por la dependencia o la Fuerza Civil.

Aparte añadió que para asuntos que requieren una respuesta inmediata, como el acceso a los registros del C4, la obtención de registros de llamadas al 911 y la revisión de videocámaras de seguridad, la Secretaría sigue siendo lenta y burocrática aún para las mismas autoridades, pasando semanas, meses o años en dar respuesta.



Palacios Pérez propuso disponer de personal especializado y capacitado en materia de búsqueda y coordinarse de manera inmediata con las instituciones que integran el Mecanismo Estatal de Coordinación y facilitar registros.

Titular de la SEGOB brilló por ausente

Sostuvo que el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, no acudió a las reuniones del mecanismo estatal de Coordinación, salvo en la Sesión de Instalación, donde asistió hasta mitad del evento.



“En lo sucesivo, la SEGOB no fue parte de las reuniones o era suplida por funcionariado con escaso conocimiento en el tema”.

Expuso que hay involucramiento con el Gobernador, lo cual no puede ser medido en avances, debido a que este Consejo, salvo las Personas Consejeras, no fueron convocadas ni escuchadas por las autoridades de máximo nivel, “quienes prácticamente ignoraron al resto de las y los integrantes del Consejo”.

Por parte de la Secretaría de Salud, describió que mantuvo un papel de escucha y de presencia en distintas diligencias de búsqueda y recuperación de restos. En cuanto a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, no acudió a sesiones del Mecanismo Estatal de Coordinación y su trabajo consistió por lo general en verter opiniones respecto a los temas de búsqueda.



Por ello, propuso que el Secretario participe de manera más activa y se involucre en las tareas de búsqueda, absteniéndose de juicios de valor o criminalizar y replicar información tendiente a la descalificación de las víctimas y de las personas que ejercen el Derecho de Libre Expresión.

“Sin tomar represalias ni instruir actos tendientes a coartar la libre expresión, aun cuando ésta sea contraria a su forma de pensar o a sus convicciones ideológicas, políticas o institucionales”.

Finanzas no genera certeza sobre presupuesto



Respecto a la Secretaría de Finanzas y Planeación, lamentó que siempre cambió a los funcionarios que acudieron a las sesiones, aunque el espacio debe ser ocupado por el titular de la dependencia, José Luis Lima Franco, según el Artículo 24 de la Ley Estatal en Materia de Desaparición de Personas.

“Cuestionados por el presupuesto, del 0.025 por ciento del presupuesto anual estatal, sólo se limitaron a emitir opiniones sobre el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, lo cual, en efecto alude a las víctimas pero no particularizándose en el tema de desaparición y de búsqueda”.



“Es deseable que la participación de dicha Secretaría pueda brindar la seguridad respecto a la vigilancia del presupuesto y la garantía del respeto al monto designado en la Ley, cuando el titular del Ejecutivo estatal envíe el proyecto de Presupuesto Anual de Egresos”.

Comisión de Víctimas y CEDH

Sobre la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, dijo que atendió casi la totalidad de peticiones para participar en recuperación de restos y ejecución de planes pero las medidas otorgadas en su mayoría fueron mediante procesos extraordinarios, en ocasiones sin cumplir los requisitos.



En cuanto a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aseguró que empoderó a las familias en las diligencias de búsqueda y de recuperación de restos humanos.

Congreso, poco competente

Finalmente, en cuanto a los diputados que integran la Comisión de Desparecidos, expuso que sólo acudieron a las sesiones convocadas por el Gobernador, no así por el Consejo, participando de forma escasa y poco clara, como un deficiente puente de comunicación y gestión con autoridades, pese al compromiso de diputadas y diputados a sumarse.



Alertó que asuntos que competen directamente al Consejo fueron ventilados en conversaciones de WhatsApp entre familiares, de los cuales el Consejo Ciudadano no tuvo conocimiento ni formó parte, lo que propició “un ambiente de confusiones, dudas, desinformación y juicios subjetivos hacía el Consejo que, así en ocasiones, quedó al margen del diálogo entre comisión legislativa y los familiares”.