Gladys Pérez Maldonado, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Judicatura, respaldó los fallos emitidos por los tres magistrados de la Sala Electoral en las controversias por las elecciones del 2 de septiembre, dijo desconocer que haya habido presiones para inducir las sentencias de éstos y rechazó que tenga problemas con la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.
Entrevistada a su llegada al recinto del coloquio “Liderazgo político en sociedades modernas”, la abogada dijo desconocer el fondo de lo que resolvieron los integrantes de la Sala Electoral, pero “son personas capaces y conocedores del derecho, pero debió ser apegado a su criterio jurídico y los afectados aún pueden irse al Tribunal Electoral de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” y al mismo tiempo afirmó ignorar posibles presiones de la Secretaría de Gobierno a Magistrados de la Sala Electoral Concepción Flores Saviaga para influir en sus fallos.
Por otra parte, en respuesta a los señalamientos que le hiciera el día de ayer la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, negó que esté presionando a magistrados para aceptar la jubilación, ni tener problemas con ellos y dijo respetar sus opiniones pero aceptó que no le puedo caer bien a todos en esta vida, “pero eso está fuera de mi competencia y tampoco me incumbe.”
Y argumentó: “nada tengo que ver en el Tribunal Superior de Justicia, yo trabajo para el Consejo de la Judicatura” y negó que haya problemas internos entre consejeros y magistrados “llevo buena relación con todos los magistrados incluidos el de lo Contencioso Administrativo y el de Conciliación y Arbitraje y tampoco me ha cedido poder René Poblete, el presidente es él, yo sólo soy consejero.”
Pérez Maldonado sostuvo que sabe que hay una propuesta de reforma que está en el Congreso y debe discutirse y en la propuesta está incluido el asunto de las jubilaciones, es un punto importante y ella está de acuerdo en que el impartidor de justicia requiere que en su jubilación no se baje su nivel de vida.
Finalmente dijo que espera que el recorte presupuestal que hizo el Congreso de la Unión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sea un mal ejemplo para los legisladores locales y espero que si no les aumentan, al menos les dejen el mismo que el de este año, en que se ejercieron 653 millones de pesos, que fue insuficiente para mejorar la impartición de justicia, pero con todo se cumplieron las metas.