Respuestas a Donald Trump

“…las mayores reservas acerca del Tratado de Libre Comercio con México (porque sería] el primer tratado de libre comercio que debemos considerar con un país que no es libre”.
Senador Daniel Patrick Moynihan. 1993


El gobierno mexicano tiene una crisis de inteligibilidad hacia el gobierno de Donald Trump, inclusive la sociedad mexicana muestra una regresión neonacionalista a través de ridículas cadenas en whatsapp, ésta ya está viviendo un proceso de angustia generalizada, la cual se reflejó en una primera medición económica en el país a través del Índice de Confianza al Consumidor (ICC), por parte del Inegi y el Banco de México; el ICC cayó en un 17.9 % en enero de 2017, el menor nivel en los últimos 15 años; paradójicamente se debió a tres asuntos: a) el triunfo de Trump; b) las amenazas del presidente norteamericano hacia México; y c) el gasolinazo.



Lo anterior es por la agenda difusa de Donald Trump hacia México, más allá de lo que dijo en la campaña electoral, ya instalado en el gobierno en primera instancia fanfarroneo sobre la liquidación del Tratado de Libre Comercio (TLC) y ahora cambió su interés, sobre la incapacidad del gobierno mexicano para controlar a los cárteles mexicanos; empero, la visión del presidente republicano es sobre la seguridad global en donde nuestro país juega un papel muy importante dentro de su estrategia, ya que piensa que el Estado Islámico puede hacer una alianza con los cárteles de la droga mexicanos, esto de acuerdo a la detección por parte de sus órganos de inteligencia del financiamiento que han recibido grupos en Tapachula y Nogales para construir mezquitas y de allí su enorme preocupación por lo que está pasando actualmente con su vecino del sur. Un desasosiego norteamericano desde el sentido común después de analizar los ataques terroristas a diversos países europeos.

Continuando con la línea de interpretación anterior, la cooperación en materia de seguridad regional se produjo con la Iniciativa Mérida desde la época del presidente George Bush, la cual no se sabe si el presidente Trump mantendrá ese fondo económico aprobado por el Congreso Norteamericano en 2008, que asciende a los 2.3 mil millones de dólares; dicho Tratado Internacional sobre Seguridad se diseñó bajo cuatro pilares: a) afectar la capacidad operativa del crimen organizado; b) institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho; c) crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y d) construir comunidades fuertes y resilientes. Quizá, para la interpretación en el nuevo gobierno norteamericano, la Iniciativa Mérida ya cumplió su ciclo y no obtuvo los resultados suficientes.



Regresando a la renegociación del TLC, es importante que México sea un defensor del libre comercio, para este tema quiero recordar un Seminario en febrero de 2009 en Los Cabos, un evento que promovió él en ese entonces coordinador de los diputados del PAN, Héctor Larios, quien le solicitó a Jorge Castañeda que lo organizará un foro, éste último invitó a José Córdoba Montoya, Santiago Levy, y David Ibarra para discutir el panorama económico internacional y la política económica en México, sólo asistimos una veintena de diputados federales, recuerdo a Diódoro Carrasco Altamirano, Martha Cecilia Díaz Gordillo, Dora Martínez Valero, Cristian Castaño Contreras, Gerardo Aranda Orozco, Adrián Fernández Cabrera, Antonio Sánchez Díaz de Rivera, entre los asistentes. En la cena de ese 27 de febrero, el coordinador me pidió sentarme en la mesa de los invitados (Castañeda, Córdoba, Levy, Ibarra) para abrir el debate en la primera cena.

Antes de reproducir lo que propusieron José Córdoba y Santiago Levy, es pertinente comentar que el TLC pertenece a una fase de integración económica “negativa”, dicho proceso promueve una zona de libre comercio, mercado común y unión aduanera, ésta última no se dio en el Tratado, lo que quizá desde una interpretación eminentemente liberal se debe transitar hacia una integración económica “positiva”, la cual se enfocaría rumbo a la unión económica e integración económica total.

Regresando a la propuesta de José Córdoba Montoya, éste después de realizar un análisis heterodoxo propuso ir hacia la segunda fase del TLC, a través de la Unión Monetaria con Canadá y los Estados Unidos, con una moneda única (que bien podría ser el dólar) y la creación de un Banco Central supranacional y, a la par recomendó realizar una serie de reformas: a) fiscal que homologara el IVA y el ISR; b) reforma energética; c) reingeniería del gasto social (que sería la propuesta de Levy); d) reforma educativa; todo esto con reformas constitucionales e institucionales que se dirijan a la competitividad, con esto se podría crecer entre un 5 o 6% del PIB. Asimismo, afirmó que la globalización es irreversible, que se necesitaban respuestas regionales y que por lo tanto, se tenía que profundizar en la propia globalización. En la parte política nacional, afirmó que: “el problema no es el electorado, sino la clase política mexicana” que construyó una arquitectura política “barroca”; inclusive según él un congreso dividido es difícil producir reformas, porque el Congreso de la Unión tiene una representación sin lógica política, por lo tanto planteó dos cosas: la reelección y la eliminación de los diputados y senadores plurinominales.



Por otra parte, la propuesta de Santiago Levy corresponde a una visión socialdemócrata, parto de su diagnóstico del país, focalizando que la política social no protege por igual a los trabajadores asalariados y no asalariados, en ese año los trabajadores que estaban en el apartado “A” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fueron 41.4 millones, de los cuales 14 millones estaban en un régimen completo de seguridad social, y 25.7 millones no estaban en aquel régimen; los primeros se financian con las cuotas obrero-patronales y los segundos, con recursos del fisco.

La propuesta de Santiago Levy es fusionar a todos los trabajadores en un solo régimen completo de seguridad social, dotándoles de una pensión de retiro, seguro de salud, seguro de vida y seguro de invalidez, reemplazando las indemnizaciones por despido por un seguro de desempleo; con lo cual se cavaría la informalidad que produce ilegalidad y aumentaría la productividad. Al mismo tiempo, homologar el IVA al 16% (algo que ya pasó) y cambiar la estructura tributaria, sustituyendo los impuestos al trabajo por impuestos al consumo; dentro de los resultados seria el fortalecimiento del Estado de derecho porque se eliminan los subsidios a la ilegalidad. El costo de esta propuesta seria de 2 o 3 puntos del PIB, cada punto del PIB equivale a 10 mil millones de dólares pero esto se resuelve homogenizando la tasa del IVA a 15% para todos los bienes y servicios, sin excepción alguna, con lo cual se podría recaudar hasta unos 10 puntos del PIB. Y para evitar el efecto regresivo del impuesto al consumo, propone legislar un subsidio directo a las familias que se ubican en el tercer decil.

Finalmente, allí están dos propuestas para enfrentar la nueva situación mexicana con los Estados Unidos, una liberal y la otra socialdemócrata, pero ¿qué hace falta?, talento, talante, audacia y correr el riesgo desde el gobierno federal, es decir mientras la clase política mexicana sea tan mediocre, demagoga, acomodaticia e ignorante y no dimensione que el cambio es inteligente y

no emocional, y que para la gobernación se necesita planear y accionar a la misma vez, que no es un asunto de aprendizaje en el gobierno, ni de pandillas electorales sino de experiencia para poder sortear la nueva complejidad social, aquella acompañada de una mínima ética política y pública.