Sabotaje a la reforma electoral

En el artículo anterior, con el propósito de promover el debate sobre la Reforma Electoral propuesta por el Presidente, fueron planteadas cuatro preguntas: ¿Es necesaria?, ¿contribuye a la democratización del país?, ¿beneficia al ciudadano?, ¿funcionará en caso de ser aprobada? La primera, después de una breve revisión de las siete reformas pasadas, fue contestada afirmativamente; a las otras tres se les intentará dar respuesta en los párrafos siguientes.

A saber, cualquier reforma en su texto inicial incluye los motivos que la justifican. Básicamente argumentan buscar el bien común. Lamentablemente, como ocurrió con las reformas neoliberales, el articulado rara vez refleja eso, sino lo contrario. No obstante este mal de origen conocido por los mercenarios de la política, si les ordenan aprobarlas lo hacen. En la iniciativa de AMLO, que propone reformar más de una decena de artículos Constitucionales (35, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 63, 73, 115, …) la intención de democratizar al INE, tribunales y partidos, llamados pilares del sistema electoral mexicano (PSEM), los motivos parecen coincidir con los cambios propuestos en la normatividad. Esta congruencia debiera ser suficiente para centralizar la discusión en las cuestiones técnicas relativas a las formas, tiempos y recursos; sin embargo esto no sucederá. Habrá sabotaje en el Congreso donde veremos predominar las posturas irracionales de algunas fracciones parlamentarias, sin entender que con ese actuar profundizan su desprestigio.

Revisemos de manera general el caso de los partidos.



¿Por qué gran parte de la población los describe como parasitarios, corruptos y onerosos? La primera característica les viene por vivir a expensas de quienes los alimentan. Lo corrupto dimana del incumplimiento sistemático de su obligación legal de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” establecida en la Ley General de Partidos Políticos (Art. 3 , LGPP). Igual les proviene de su negativa de instituir el poder en beneficio del pueblo (Art. 39 Constitucional), pues en vez de procurar el interés colectivo privilegian el empresarial. Dicho calificativo también les ajusta muy bien por transgredir el Artículo 25 (LGPP) referente al respeto de los procedimientos normativos para postular candidatos. En ningún partido funcionan sus órganos de gobierno como lo fijan las normas a pesar de ser exigido por los militantes honestos y combativos. Las sedes físicas nacionales son exclusivos centros de operación electoral desde donde las cabezas de pandillas o facciones se coordinan con las de los Estados. En suma, rara vez su práctica partidaria corresponde a la normatividad estatutaria y esto sencillamente es corrupción.

Derivada de su ineficacia y corrupción al manejar los recursos públicos resulta su onerosidad. Con descaro se exhiben como cuevas de Alí Babá, agencias de ventas o refugios de oportunistas sin identidad ideológica. No representan al trabajo ni al capital sino al mejor postor.

Algo similar sucede en el INE, alter ego de los partidos; allí se replican la corrupción, la onerosidad y el actuar faccioso. Una prueba de lo anterior es la sistemática violación de la F-II del artículo 127 constitucional que dice: “ningún servidor público podrá recibir remuneración, … , mayor a la establecida para el Presidente de la República”. El INE trasmutó en elefante blanco que por su descomposición se asemeja a los establos del rey Augías. La fetidez, producto de su incontinencia se detecta a leguas. Su inmundicia se sale contaminando todo a su paso; tanto, que ni las aguas de los ríos Misisipi y Amazonas juntos podrían limpiarlo.



Doloroso reconocerlo, pero cierto, los PSEM están podridos y extraviados. Siendo así, es injustificable pagarles miles de millones de pesos cada año. De ser aprobada la reforma amloista en los aspectos del financiamiento (austeridad republicana, supresión de 200 diputados y 32 senadores y limitación de las aportaciones públicas a gastos de campañas), las instancias electorales recuperarían algo prestigio. Ningún ciudadano honesto consiente gustoso se gasten 41 mil millones de pesos en un proceso electoral. ¡7 mil millones más de lo gastado en vacunación. Por ello es inadmisible e indignante la inequidad resultante de comparar el salario mínimo mensual ($ 172.87 x 30), devengado por un trabajador mexicano, con los 600 mil pesos que el Presidente del INE se embolsa cada mes laborando sólo 20 días. El trabajador debe laborar casi ¡10 años! para igualarlo.

¿Funcionará la reforma?

Las expectativas de éxito son bajas, sobre todo en los aspectos concernientes a los intereses partidistas. El INE y los partidos no permitirán les sean disminuidas sus prerrogativas económicas ni las curules o puestos. MORENA, fraccionada y disfuncional como la dejaron sus insanas alianzas, dividida por los presidenciables y con procesos electorales en puerta, poco o nada podrá hacer. Debe entenderse que la sola voluntad presidencial no basta para democratizar y dignificar la vida política del país. Es una tarea que corresponde a los ciudadanos, organizados o no.



En definitiva, sin presión popular, la clase política no permitirá le restrinjan privilegios. Ni mucho menos aceptará ampliar los mecanismos de participación ciudadana (Art 41, 36 F-III). ¡Vamos!, ni siquiera retóricamente los PSEM propondrán constituir Consejos Ciudadanos o tribunales populares que pudiesen encargarse de la cancelación, registro de los partidos, enjuiciamiento de los políticos corruptos o encargarse de las consultas, referéndum, etcétera.

Por todo lo anterior e independientemente de lo que resulte, mientras no se incluyan elementos legales efectivos que faculten a la comunidad vigilar, sancionar y destituir a la autoridad electoral o servidor público que no cumpla su función con honestidad, no habrá avances democráticos significativos.