Sancionarían a IPE por revelar posible monto de pensión de Clementina Guerrero

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) cuenta con 30 día para establecer un protocolo de seguridad en el tratamiento de los datos personales de pensionados y trabajadores, determinaron en sesión los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), después de que se filtrara a los medios de comunicación el monto de pensión que recibiría Clementina Guerrero García, como extrabajadora de la Universidad Veracruzana (UV).

El ordenamiento se derivó tras la detección de culpa y omisión cometida por el Director General, Consejo Directivo y Secretaría de Prestaciones Institucionales, pues hizo públicos datos personales como nombre y monto de una persona que inició su trámite de jubilación por su labor realizada como trabajadora de la Casa de Estudios.

Si el IPE incumple las medidas impuestas, como revisar cómo ocurrió la filtración de estos datos personales en medios de comunicación, podrá ser sancionado con el pago de entre 50 a 10 mil salarios mínimos.



Se recordó que en el acuerdo 88366 del IPE se determinó la pensión que recibiría la profesora Clementina Guerrero García, que días después se incorporó como titular a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).

La información que se filtró a los medios de comunicación versó sobre el pago de 76 mil 101 pesos que recibiría como pensión la exsecretaria de Finanzas de la UV.

La agraviada acusó que se le vulneraron de sus derechos ya que el IPE cedió sus datos personales sin autorización y fueron publicados, con lo cual acusó al IPE por incumplir su obligación de proteger los datos personales.



No obstante, mediante un instructivo de responsabilidad el IVAI determinó que no tendría por qué publicarse el nombre o monto de pensión porque la quejosa aún no tiene la calidad de pensionista, ya que nunca se ha pagado la pensión.

Se explicó que Guerrero García inició el trámite para determinar el monto de su pensión, hasta la fecha no ha cobrado como tal, según los propios dichos del IPE, por lo que no hay recurso público que fiscalizar.

"Hay omisión acreditada de la Subdirección de Prestaciones Institucionales y una culpa invigilando del Director General y Consejo Directivo porque tienen obligación de vigilar el actuar de los funcionarios públicos", se detalló.



De ahí que el Consejo General del IVAI dio vista a la Contraloría Interna para que tome en cuenta que quedó acreditada la responsabilidad de un inadecuado de tratamiento de datos personales a fin de que establezca medidas pertinentes y adecuadas para inhibir estas conductas.

Finalmente se informó que, contrario a lo que ocurre con el IPE, el IVAI no tiene competencia contra medios de comunicación por una indebida difusión de datos personales, pues esto es atribución del INAI, señaló la comisionada presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez.