Sanciones severas a quien permita la evasión de personas legalmente detenidas

Con 49 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, este martes el pleno del Congreso del Estado, aprobó el dictamen que reforma el Código Penal para elevar las penas por el delito de evasión de presos y con ello evitar que los responsables puedan obtener la libertad bajo fianza.

A propuesta del gobernador Javier Duarte de Ochoa, se impondrán de 4 a 10 años de prisión y multa hasta de 300 días de salario, a quien ponga en libertad o favorezca la evasión de una persona que se encuentre legalmente privada de su libertad.

Y se impondrán de 5 a 15 años de prisión y multa hasta 400 días de salario –con ello se impide la libertad bajo fianza--, cuando el evadido se encuentre procesado o esté sentenciado por delito grave.

Los diputados locales integrantes de la comisión dictaminadora, señalaron que resulta evidente que la intención del Ejecutivo estatal es la de inhibir la comisión de un ilícito que entre servidores públicos del ramo penitenciario es cada día más recurrente, según dan cuenta de ello los medios de información.

En tanto, el Gobernador explicó que el servidor público que interviene en la custodia o vigilancia de los presuntos responsables que se encuentran privados legalmente de su libertad por la comisión de cualquier tipo de delito, tienen un deber especial.

Por eso, el personal encargado de acciones de vigilancia y custodia no puede distraerse de sus obligaciones o, en caso contrario, deberá sujetarse a la aplicación de sanciones concretas, como es el tipo penal denominado Evasión de Presos.