SCJN, brazo ejecutor más del Gobierno por no aceptar consulta a la reforma energética

Luego de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad de las consultas populares que propusieron el Movimiento de la Regeneración Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en torno al tema de la reforma energética, el legislador federal, Uriel Flores Aguayo calificó a la SCJN como un brazo ejecutor más del Gobierno.

"La corte tiene un rol político más que jurídico, no hay ninguna razón legal para rechazar la consulta, son muy claras las imitaciones que se tienen para ella".

Aseveró que esta decisión fue de "estado" y tomada por la mayoría de los ministros y el ejecutivo, por lo que el golpe es para todos los mexicanos, pues se trataba de un tema de relevancia para el País.



En este sentido, definió como inconcebible que la corriente del PRD "Los Chuchos" le hayan otorgado todo el aval al presidente de la República Enrique Peña Nieto al firmar el pacto por México y apoyar sus reformas, además ahora no les cumple con la consulta ciudadana.

"Evidentemente hay un cálculo electoral en esto, el Gobierno temía mucho que los ciudadanos se volcaran en la consulta, que aumentara el nivel de votación y eso es veneno puro para el partido del Gobierno porque cada voto de la consulta se podía multiplicar como voto electoral para el partido promovente”

Durante entrevista, el Diputado perredista dijo que la consulta que propuso el Partido Acción Nacional (PAN) fue una ocurrencia y la del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es anticonstitucional debido a que está claramente establecido que no se pueden hacer consultas en materia electoral.



Por tanto, considera que las consultas ciudadanas del PAN y PRI sólo fueron cortina de humo para justificar a la Corte el rechazo a la consulta por la Reforma Energética.

Cabe destacar que la principal razón que la SCJN argumentó para basar su resolución fue que los casos son contrarios a lo que estableció el Constituyente permanente en el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que no podrán ser objeto de consulta popular los temas relacionados con los ingresos y gastos del Estado.