Se acaba impunidad o seguirán violándose derechos humanos en Veracruz

Para que no haya recomendaciones por violaciones a los derechos humanos y las estadísticas sobre solicitudes de intervención vayan a la baja se debe erradicar la impunidad, aplicar la Ley y sancionar a los servidores públicos que no sólo cometan violaciones a las garantías individuales, sino que también incurran en la comisión de cualquier delito, aseveró Namiko Matzumoto Benítez.

Mientras tanto, la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) añadió que con la nueva atribución que tiene el órgano autónomo, se solicitará al Congreso del Estado que se llame a comparecer a los funcionarios que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones.

Ante los diputados locales reconoció que lo deseable es que no haya recomendaciones, que no existieran órganos como el que representa y que todos los servidores públicos cumplieran con sus funciones de conformidad con la norma.



Dijo que hay quienes son de la idea de la ejemplaridad de las penas, es decir, de sanciones duras y de muchos años para que no se cometan faltas.

“Pero yo soy más partidaria de que lo que tenemos que hacer es erradicar la impunidad. En la medida es que cada delito sea motivo de procesamiento, juzgamiento y sanción y en la medida en que cada violación a los derechos humanos sea también sancionada, me parece que en esa medida irán disminuyendo las recomendaciones”.

Agregó que la CEDH coadyuva en las tareas de capacitación y difusión a los servidores públicos y dijo esperar que eso dé como resultado una baja en las estadísticas de solicitudes de intervención.



Agregó que la capacitación es una herramienta de prevención, pero también las sanciones a los responsables.

En torno a la reciente reforma al artículo 4 fracción IV y al artículo 28 Bis de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, que le da a la Comisión la atribución de solicitar al Congreso del Estado o, en los recesos de éste, a la Diputación Permanente, que llame a comparecer a las autoridades o servidores públicos que se nieguen a aceptar o cumplir sus recomendaciones, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, dijo que si se ejercerá esa atribución.

“Me parece que las razones por las que fue modificada la Ley tienen que ver, justamente con la necesidad que se comprenda que, a través de las recomendaciones, las autoridades tienen la posibilidad de corregir su actuar y con ello evitar que se sigan presentando vulneraciones a derechos humanos”.



Recordó que la reforma fue decisión del Congreso del Estado para establecer esa atribución “y por supuesto que la ejerceremos”.