Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que en Veracruz candidatos de la coalición PAN-PRD rebasaron los topes máximos de campañas durante la elección municipal, lo que pone en riesgo sus triunfos, la diputada local Mariana Dunyaska García Rojas, aseveró que en donde se tengan que repetir elecciones, “que se repitan y en donde se tenga que corregir, que se corrija”.
Señaló que en Veracruz las leyes, en este caso las electorales, son para respetarse y ya no se puede seguir en un marco de impunidad; el piso debe estar parejo para todos y ningún ciudadano debe estar por encima de otro.
“Quien haya actuado mal, del partido que sea, que pague por sus culpas; quien haya actuado bien, que goce de sus triunfos, así de sencillo”.
Cabe recordar que hace más de una semana, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó que 25 de los 107 abanderados de la alianza que ganaron el 4 de junio, sobrepasaron el límite de erogaciones permitidas, por lo que pone en riesgo esos triunfos.
Los municipios que la alianza ganó y están en riesgo son: Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, Fortín, Sochiapa, Chontla, Tuxtilla, Tlilapan, Ixmatlahuacan, Lerdo de Tejada, Ixhuacán de los Reyes, Tecolutla, Zontecomatlán, Ixtaczoquitlán, Oluta, Misantla, Landero y Coss, Cosamaloapan, Naolinco, Castillo de Teayo, Villa Aldama, Cuichapa, Tenochtitlan, Tepetzintla y Tenampa.
Un caso es el de Fernando Yunes Márquez, hijo del actual Gobernador, quien resultó alcalde electo en el Puerto de Veracruz y que de acuerdo con la fiscalización de los gastos, erogó en su campaña 6.06 millones de pesos y el límite era de 4.8 millones de pesos.
Donde haya pruebas, añadió, se tiene que ser firme y contundente, “sea quien sea, se llame como se llame, sea del partido que sea; la ley se tiene que respetar. En donde se rebasó el tope máximo de gastos de campaña o se cometieron delitos electorales, que se aplique la ley conforme a Derecho”.
La legisladora expuso que hay una reglamentación electoral y se debe respetar, por lo que los órganos jurisdiccionales tendrán que dirimir esas controversias y si tienen sustento, “donde se tengan que repetir procesos, que se repitan y donde se tenga que actuar, que se actúe”, sentenció.