Se registran dos más; Abel Heredia y Francisco Ballado para el proceso de selección del ORFIS

Este miércoles acudieron a la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado Francisco Ballado Tiburcio y Abel Heredia Romero, para solicitar participar en el proceso de elección del auditor general del Órgano de Fiscalización Superior –ORFIS--.

Ambos son licenciados en Administración y ex empleados de la Comisión Nacional del Agua y con ello ya son cuatro los que aspiran a dirigir al ORFIS.

Francisco Ballado Tiburcio es contador público con 25 años en la administración pública desempeñándose como contralor de CONAGUA y LICONSA; mientras que Abel Heredia Romero, estudio Administración en la Universidad Cristóbal Colón del Puerto de Veracruz y se ha desempeñado como auditor federal de la Comisión Nacional del Agua.

El lunes que inició el periodo de recepción de solicitudes acudió Víctor Molina Barrón y ayer Hugo Alfredo Clemente Handall.

De acuerdo a la convocatoria, los aspirantes deben acudir en un horario de 9 de la mañana a seis de la tarde en días hábiles y el plazo de registro vence el próximo 31 de este mes.

Entrevistado al concluir la recepción de la documentación, Ballado Tiburcio reconoció que a su paso por la administración pública detectó que al menos el 80 por ciento de las licitaciones públicas están “amañada o predirigidas”, lo que obliga a cancelarlas.

Sin entrar en detalles, recordó que en alguna ocasión detectó una licitación que le pareció irregular del ayuntamiento del puerto de Veracruz y se tuvo que cancelar.

Una de sus propuestas al frente del ORFIS es la certificación de los despachos contables, pues hoy en día “cualquier hijo de vecino” ofrece servicios de contaduría y auditoría sin estar debidamente calificado.

“Hay muchos que son títeres, un despacho debe tener un perfil, además el titular ese despacho debe tener mínimo cinco años de servicio en la administración pública”.

Otra propuesta es la instalación de un software que permita monitorear el manejo de las licitaciones, el gasto público y la certificación de los despachos contables, adscritos al órgano fiscalizador, con la finalidad de revisar la correcta licitación de obras y la supervisión en el manejo de los recursos públicos.

Además, se obliga a los ayuntamientos a contratar dos supervisores que permite disminuir el número de contadores para auditar las comunas.

“Desde la central del Orfis se dispondría de un equipo que estaría dando control y seguimiento al sistema y su llenado. Entonces los auditores nos estarían informando los requerimientos que no estuvieran cumpliendo los alcaldes.”

Ese programa ya funciona con buenos resultados en el Estado de Baja California.