Se suman más irregularidades en construcción de Ciudades Judiciales

Además de desaparición de 85 millones 514 mil 709.98 pesos del Fideicomiso Maestro de los Fondos de Reserva de 18 Ciudades Judiciales durante el 2019, último año de Edel Humberto Álvarez Peña, como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, se suma un presunto daño patrimonial por 869 mil 531.71 en dos Ciudades Judiciales.

También se detectó que modificaron sin la autorización del Congreso del Estado, los proyectos previamente autorizados para la contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 20 Ciudades Judiciales, a través de la figura de Asociación Pública Privada (APP), y que solo una empresa fue la ganadora de todos los contratos.

Daño en Ciudades Judiciales

La auditoría a la Cuenta Pública 2019 del Poder Judicial, realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó daño patrimonial en las Ciudades Judiciales de Uxpanapa y Nogales.



En Uxpanapa están señalados dos presuntos daños patrimoniales por 433 mil 338.06 pesos y 186 mil 531.71 pesos.

Las irregularidades encontradas son con relación a la obra complementaria civil, hidráulica y eléctrica para la terminación de la Ciudad Judicial, y aunque se encontró terminada, no estaba dando el servicio para el cual fue ejecutada y carecía del servicio de energía eléctrica y no se encontró evidencia del proyecto de Ingeniería Básica.

En la Ciudad de Nogales, en los trabajos de elaboración del proyecto de Ingeniería Básica, el presunto daño patrimonial es de 250 mil 96 pesos, ya que la documentación no exhibe de forma clara y precisa los alcances del contrato del servicio y en los archivos no hay dictamen de verificación de la existencia de estudios o proyectos de Ingeniería Básica, por lo que no es posible que los auditores determinaran los trabajos que se estipulan para la correcta integración del proyecto.



Modificación sin autorización

Así también el ORFIS encontró irregularidades en la constitución de los contratos para la construcción de 20 Ciudades Judiciales mediante la figura de Asociación Pública Privada (APP).

Los auditores detectaron que, sin la autorización del Congreso del Estado, se modificaron los proyectos previamente autorizados para la contratación, construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de 20 Ciudades Judiciales, a través de la figura de APP.

De las Ciudades Judiciales contempladas a desarrollarse en Boca del Río, Ciudad Mendoza (Camerino Z. Mendoza) y Misantla, cuyos proyectos fueron considerados dentro de las diferentes licitaciones públicas realizadas, fueron sustituidos por los de Medellín, Perote y Naolinco, únicamente con la justificación y soporte documental de un “dictamen de sustitución”, sin contar con la autorización específica del Congreso y sin contener el dictamen de experto independiente.



Toda vez que derivado de las características técnicas específicas necesarias para realizar la infraestructura en otro Municipio diferente al licitado, supone un panorama económico y requerimientos técnicos distintos.

Aunado a ello, se encontró que el consorcio integrado por la Agrupación de Compañías Constructoras de Veracruz, S.A. de C.V.; Construindustrias Comerciales, S.A. de C.V.; Consorcio Integral de Comercio Exterior, S.A.P.I. de C.V.; Concesiones y Promociones RUA, S.A.P.I. de C.V.; Desarrolladora de Caminos, S.A. de C.V. y Constructora y Promotora Malibrán, S.A. de C.V., ganó todos los concursos, y al 31 de diciembre de 2019 no estaban terminadas.

El Poder Judicial formalizó 20 contratos individuales de APP, de los cuales, 12 contratos se constituyeron durante el ejercicio 2018 y los 8 restantes en el 2019.



El monto contratado fue por 1 mil 467 millones 854 mil 808.02 pesos, que sólo considera el monto por concepto de la inversión inicial que realiza cada uno de los contratistas, sin considerar la contraprestación mensual.

En octubre de 2017, el Congreso del Estado autorizó al Poder Judicial de Veracruz celebrar contratos, a través de la figura de APP para la construcción de las Ciudades Judiciales en Coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Acayucan, Huatusco, Misantla, Papantla, Tantoyuca, Huayacocotla, Chicontepec, Ozuluama, Zongolica, Minatitlán, Martínez de la Torre, Tuxpan, Boca del Río y Tierra Blanca.

La inversión autorizada fue de 3 mil 965 millones 173 mil 500 pesos, con pagos mensuales de 13 millones 217 mil 245 a un plazo de 300 meses (25 años).



Sin embargo, en febrero de 2018 se aprobó una modificación a los contratos que elevó la inversión a 5 mil 100 millones de pesos y el monto mensual de los pagos se incrementó a 17 millones de pesos.

Cabe señalar que ya se mencionó el jueves de la semana pasada, que el presunto daño patrimonial en el Poder Judicial en el 2019 es de 90 millones 15 mil 635.13 pesos.



De ese monto, en el Consejo de la Judicatura, hay un presunto daño patrimonial de 85 millones 514 mil 709.98 pesos; en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), de 701 mil 94.24 pesos, y en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA), de 3 millones 799 mil 830.91 pesos.