Secretaría de Medio Ambiente nunca protegió a trabajadora acosada, exhibe CEDH

La Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de Veracruz no protegió la integridad de una trabajadora víctima del acoso sexual, acoso laboral y hostigamiento de parte del entonces secretario particular de la titular Rocío Pérez Pérez.

Lo anterior, lo advirtió la CEDH dentro de la recomendación 176/2020, contra la dependencia gubernamental, pues se comprobó que la Secretaría no brindó protección a la víctima ante la acusación de sufrir violencia sexual y laboral, tampoco respetó el derecho a la seguridad jurídica de la afectada como parte de la investigación de los hechos y dicho procedimiento vulneró la intimidad y vida privada de la quejosa.



Además, la Comisión determinó que la secretaria de Medio Ambiente, Rocío Pérez, no instruyó una investigación al respecto, aun cuando tuvo conocimiento de los hechos.

En la resolución, Derechos Humanos instruye a la Secretaría a dar una disculpa pública, aceptar la responsabilidad de la dependencia y reconocer los derechos humanos violados de la víctima.

La víctima evidenció el acoso en medios y tras la denuncia formulada en la Fiscalía General del Estado, derivó en la detención del secretario particular Rafael “N”.



La Comisión expuso que la trabajadora comenzó a sufrir acoso desde diciembre de 2018 pero el 15 de mayo de 2019 exhibió la situación ante sus superiores inmediatos.

La propia secretaria Pérez Pérez tomó conocimiento de los hechos el 30 de mayo de 2019 pero en ningún momento la funcionaria inició el procedimiento de investigación contra el infractor o el haber brindado medidas a la afectada.

Además, el Jefe de la Unidad Administrativa de la SEDEMA fue de los primeros en tener conocimiento. Según su informe, en mayo de 2019, la víctima se acercó a él para contarle la problemática que estaba enfrentando, ante lo cual solamente le refirió que debía proceder conforme a derecho. Sin embargo, no realizó ninguna acción tendente a brindarle protección, ni dio vista al Órgano Interno de Control.



Otra de las acciones es que si bien se procedió con la reubicación del presunto acosador a otro espacio fuera del inmueble, lo cierto es que el Director Jurídico procedió con la reincorporación al mismo espacio de trabajo del investigado, lo cual violentaba el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso sexual en la administración pública estatal.

Tampoco hubo actuación de parte del Subcomité para la implementación de medidas de prevención y atención de conductas de hostigamiento y acoso sexual, mismo que debía haber aplicado acompañamiento y auxilio a la quejosa.

También la Unidad de Género de la SEDEMA ha sido omisa en atender las necesidades de la víctima.



Otra situación que advierte la CEDH es que en la investigación interna no se protegió la identidad de la denunciante (pero sí la identidad del agresor), no se proporcionó el derecho a la seguridad jurídica y a la integridad personal.

De esto último, la quejosa presentó el 10 de octubre de 2019 una crisis de ansiedad, que requirió hospitalización y una incapacidad laboral por dos días debido a las secuelas de la situación. Se agrega que tanto el Instituto Municipal de la Mujer como la Fiscalía General del Estado realizaron valoraciones psicológicas a la víctima, hallando afectaciones, ansiedad severa y psíquicas.

Derechos Humanos determinó que la SEDEMA deberá iniciar asistencia médica y especializada a la afectada, por los daños provocados por las conductas de acoso del agresor, además de una reparación monetaria para la trabajadora.