El regidor décimo, Juan Gabriel Fernández Garibay, afirmó que ya se está haciendo una auditoría a la Cuenta Pública en general correspondiente al año 2018, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la Contraloría Interna.
“Son muchas áreas, realmente tenemos que esperar a que se nos entreguen (…) los estados financieros para ver qué se ejecutó y qué no”, dijo.
Mencionó que, con el tema de la capacitación de la policía, se volvió a pagar ésta firmándose otro convenio, lo que podría tipificarse como daño patrimonial, porque se volvió a pagar un servicio.
“En el caso de que hubiera subejercicio, hay un daño patrimonial; es una situación muy grave, que con ello trae un castigo fuerte. En el caso que ayer mencionaba la Sindica, de que volvimos a pagar la capacitación, efectivamente se hizo otro convenio y se hizo un segundo pago sobre el mismo renglón”.
Afirmó que en esta situación sería irresponsable acusar a cualquier persona, pero espera que las autoridades competentes haga lo propio y no se deje pasar este grave problema.
El edil refirió que aquellos directivos que fallaron en las responsabilidades que les correspondían tendrán que ser removidos de su cargo, de acuerdo a los resultados que arroje la investigación del ORFIS y la Contraloría.