Senado extiende por “dedazo” Presidencia de Arturo Zaldívar en SCJN

Violando la Constitución federal, el Senado de la República amplío, por dedazo, dos años la Presidencia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de un artículo transitorio introducido en la recién aprobada reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea fue elegido por sus pares como Presidente de la Suprema Corte de Justicia, para el periodo del 2 de enero de 2019 al 2 de enero de 2023.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 97 que “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.



Es decir, que ningún Ministro puede ocupar el cargo por más de cuatro años en forma consecutiva. Sin embargo, el Senado de la República, pasando por encima de la Constitución, determinó que, “para lograr la implementación de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial” quien ocupe el cargo de Presidente de la SCJN permanecerá en el cargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

Es decir, amplía de manera ilegal la Presidencia de Zaldívar, asegurando que se mantenga en el cargo hasta el último día de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo anterior, resulta inconstitucional ya que, por una parte, amplía arbitrariamente el mandato del Ministro Presidente y, en segundo lugar, representa una injerencia a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pues solo los propios Ministros de la Corte pueden elegir a la persona que debe encabezar al Poder Judicial Federal.



Arturo Zaldívar ha sido criticado por su cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y por el hecho de que ha pospuesto por dos años que la Suprema Corte de Justicia resuelva acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes clave dentro del proyecto del Presidente, como la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Federal de Austeridad Republicana; la Ley del Uso de la Fuerza Pública; la Ley de Extinción de Dominio; y del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras.