Senado omitió nombrar Fiscal Anticorrupción de PGR

El Senado incumplió con su obligación de nombrar al nuevo fiscal anticorrupción de la Procuraduría General de la República (PGR), proceso que está pendiente desde noviembre de 2014, acusó el Comité de Acompañamiento Ciudadano (CAC) creado para esa designación.

Ayer, el CAC anunció que renunciaba a su encargo tras criticar la demora y la “opacidad” con la que el Senado ha llevado el proceso de designación del fiscal anticorrupción.

Por medio de un comunicado, el CAC —integrado por especialistas como Luis Carlos Ugalde, Issa Luna Pla, Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Fernando Nieto Morales, entre otros— advirtió que la Cámara Alta dejó vacante un cargo fundamental para desahogar múltiples expedientes de casos de corrupción y para el funcionamiento integral del SNA.



“El mayor problema es que la legislación penal anticorrupción sólo entra en vigor una vez designado el fiscal, según el transitorio primero del decreto que reforma el Código Penal Federal”, explicó.

Ello significa que todos los casos de malversación de fondos públicos, peculado o tráfico de influencias, que actualmente se procesan, como el del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte se llevarán a cabo con la legislación anterior y con una tipología de delitos penales desactualizada.

“Damos por concluida la misión de este comité. Es nuestra opinión que el proceso ha sido inefectivo y se han omitido obligaciones de ley. Estamos, como ya lo habíamos anunciado, ante una omisión gravísima que mella la legitimidad y funcionamiento del SNA”, informó el CAC.



Debaten en Congreso. Por su parte, los senadores del PAN Marcela Torres, Ernesto Ruffo y Víctor Hermosillo responsabilizaron al PRI y al PVEM de diferir el nombramiento del fiscal anticorrupción.

Sobre la renuncia del CAC, Torres dijo que ellos acreditaron el proceso y dieron sus observaciones. “Eso ya pasó, ya cumplieron el término y decidieron no acompañar más, porque su opinión es que debemos tener un fiscal anticorrupción”.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, el vicecoordinador del PT, Miguel Barbosa, reprochó que habrá un SNA incompleto, además de que los magistrados de las Salas Anticorrupción —pendientes por nombrar— fueron propuestos por acuerdo entre PRI y PAN.



La coordinadora del PRD en la Cámara Alta, Dolores Padierna, detalló que se debe convocar a un periodo extraordinario para antes del 19 de julio, fecha en que tiene que estar completo el SNA, para nombrar al fiscal y con ello puedan entrar en vigor los nuevos delitos en materia de corrupción.

El vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano, criticó que a escasos meses de su puesta en marcha el sistema se encuentre “acéfalo” ante la falta de voluntad política del Senado para consensuar el nombramiento.

El diputado Vidal Llerenas, de Morena, acusó la falta de compromiso del gobierno federal y de “actores del Congreso” para que funcione el SNA, pues si ya se tiene el marco jurídico aún no se nombra al fiscal anticorrupción.



El vicecoordinador del PRI en el Senado, Miguel Romo, detalló que están en disposición de lograr los acuerdos con los otros grupos parlamentarios para, de inmediato, llegar al nombramiento del fiscal anticorrupción. “La semana próxima, en la Junta de Coordinación Política, se puede llegar a un acuerdo para atender esta exigencia de la sociedad mexicana”, dijo.

Reservan información. Por otro lado, de acuerdo con información obtenida por EL UNIVERSAL, el Senado reservó por un año las bases de datos con las evaluaciones de los 23 aspirantes a fiscal anticorrupción, elaboradas por el Comité de Acompañamiento Ciudadano creado ex profeso para el proceso de designación del nuevo fiscal de PGR.

El argumento: que el proceso de designación del fiscal anticorrupción sigue en proceso de deliberación y revelar esa información podría afectar la decisión definitiva, “ya que podría estar sujeto a presiones externas”.



Lo anterior fue confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de acuerdo con el recurso de revisión RRA 3878/17 resuelto por el pleno —sin discusión— el pasado 5 de julio.