Los servidores públicos del Gobierno del Estado están impedidos a utilizar recursos públicos para las campañas electorales, pero pueden participar en actividades politico-electorales fuera del horario de trabajo, aseveró la contralora general del Estado Susana Torres Hernández.
Entrevistada en el Parque Natura, durante la celebración del Día de la Familia, la funcionaria estatal descartó la posibilidad de elaborar un Acuerdo de Neutralidad para funcionarios públicos, como el establecido para el proceso electoral federal del año pasado, a fin de que no participen antes, durante y después del proceso comicial del 2 de septiembre.
En ese sentido, recordó que un día después del inicio formal del proceso electoral, la dependencia a su cargo publicó en la Gaceta Oficial del Estado, la normatividad que debe regir a los funcionarios públicos.
Aunado a ello se enviaron circulares a las contralorías internas de la dependencia en las cuales se deja claro que quien utilice recursos públicos para las campañas electorales puede ser acreedor a una amonestación privada o pública hasta el cese del cargo.
Cuestionada sobre el exhorto del Ejecutivo estatal, durante su intervención una reunión del Congreso del Trabajo, a los sindicatos para que voten por el PRI, Torres Hernández dijo.
“No he visto –el exhorto– pero sí quiero decir que todos los servidores públicos estamos obligados a no utilizar los recursos públicos para algo para lo que no estuvieran destinados; eso no quiere decir que no tengamos una vida cívica o una preferencia política”, expresó.
“Lo que se nos pide es una posición frente al uso de los recursos públicos y de nuestro tiempo, pero tenemos derechos también”, agregó.
A pregunta expresa, la funcionaria estatal recordó que ante la Contraloría del Estado solamente se ha presentado una denuncia en contra de colaboradores fidelistas por activismo político.
Puntualizó que fue en contra del secretario de Gobierno, Reynaldo Escobar Pérez y la investigación lleva su curso en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
“Conocen la denuncia que tenemos; está en Responsabilidades y se está trabajando sobre eso, se lleva todo un procedimiento”, expuso.
En ese mismo sentido, dejó en claro que la Contraloría seguirá el procedimiento que marca la ley y se verificará todo lo necesario para deslindar responsabilidades.
En cuanto al plazo fatal, Torres Hernández mencionó que no existe una fecha que marque el final de la investigación; sin embargo, esa dependencia actuará con la conciencia para llegar a conclusiones sobre el particular.
En otro tema, declaró lista desde ahora a la Contraloría del Estado para recibir las declaraciones finales de los servidores públicos responsables de áreas que dejarán el cargo por sus aspiraciones políticas.
En el caso de que algún colaborador fidelista decida retirarse para buscar algún cargo de elección popular, “sólo debe presentar su declaración final, no tenemos otra función fuera de esa”.