SFP alerta sobre posibles desvíos en puertos de Veracruz y otras entidades

En su Primer Informe la Secretaría de la Función Pública (SFP) generó observaciones por probables actos de corrupción en contratos y convenios a cargo de las administraciones de los puertos de Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas.

En la entidad, la Administración Portuaria Integral de Veracruz es la más observada, ya que de 3 auditorías se determinaron 9 observaciones según su Órgano Interno de Control.

Además, el Órgano Interno de Control Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. generó 4 observaciones en sus 3 auditorías.



“En el caso del otorgamiento de los contratos, en 9 de los 13 instrumentos revisados no se acreditó la evidencia de la autorización de las adjudicaciones ante el Consejo de Administración, previo a la suscripción del contrato; y en 3 de 10 convenios existieron irregularidades para comprobar el dictamen de procedencia de la prórroga”, determinó la dependencia federal.

En cuanto a la acreditación de las condiciones contractuales, añade la ASF, se constató que en 5 de los 13 contratos, correspondientes a las API de Manzanillo (1), Altamira (1) y Dos Bocas (3) no se presentó la evidencia de las pólizas en el plazo fijado y de la aplicación de las sanciones correspondientes, cuyo importe estimado es de 3.2 millones de pesos por penas convencionales.

Igualmente en las API de Manzanillo, Altamira y Dos Bocas; de los 13 contratos revisados, en 2 (1 de Manzanillo y 1 de Altamira), no se acreditó la evidencia de los avalúos.



De los 10 convenios de prórroga, en 1 (Manzanillo), no se comprobó el pago recibido por la actualización de la contraprestación, cuyo adeudo, a agosto de
2018, fue de 48.6 millones de pesos.

“Esta situación refleja que la operación de los servicios portuarios se encuentre en riesgo de legalidad y una posible discrecionalidad al asignar los contratos de cesión parcial de derechos y en la actualización de los convenios de prórroga”.

Además, según el Informe, se encontró que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó de manera irregular concesiones de playas.



La Función Pública determinó que los 134 títulos de concesión, del
periodo del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2018, se otorgaron sin acreditar los requisitos establecidos en el artículo 26 del Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, entre los que destacan el 27.6% (37) no contaban con el escrito de solicitud.

En 87.3% (117) no se señaló el término por el que se solicitó la concesión. Lo anterior refleja falta de certeza jurídica para garantizar el uso y aprovechamiento adecuado de los bienes concesionados.

Además, el ente auditado no realizó las gestiones para que se actualizara el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, lo que conduce a que el acto de autoridad pueda realizarse en forma discrecional y sin medidas para prevenir y conservar los ambientes costeros.