El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que esta fuerza política no puede responder por “conductas personales de funcionarios” que manejan con fines electorales recursos etiquetados para apoyos sociales.
Lo anterior al ser cuestionado por la salida del ex delegado federal del programa Prospera en Veracruz, Alejandro Baquedano, quien fue denunciado por la coalición PAN-PRD ante la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) acusándolo de utilizar los recursos de este programa para favorecer al PRI.
Insistió que el partido tricolor fue el partido menos multado en el proceso electoral federal del año pasado y así buscarán seguir este 2016.
“Pero por supuesto que nosotros estamos dispuestos a resolver en cualquier tribunal y ante cualquier instancia la limpieza de nuestra campaña y particularmente de la limpieza de nuestro candidato”, declaró.
No obstante, en su visita a la capital del Estado para mostrar el apoyo de los legisladores federales del PRI al candidato de la coalición “Para mejorar Veracruz”, Héctor Yunes Landa, subrayó que cualquier funcionario que esté actuando fuera de sus atribuciones tiene que ser castigado, así sea militante del PRI, la Procuraduría General de la República (PGR) debe de actuar por oficio.
“Creo que de oficio seguramente ya se ha abierto una investigación en la FEPADE, se hace cada vez que hay denuncias y nosotros estaremos dispuestos a que se investigue”, indicó.
Reiteró que con esas acusaciones no se puede generalizar que el PRI esté utilizando recursos públicos etiquetados para los programas sociales en las campañas de sus candidatos.
“Los primeros y los más interesados de que se investigue siempre hemos sido nosotros, los primeros en decir investíguenlos hemos sido nosotros y no tenemos ninguna campaña institucional porque en primer lugar no la necesitamos, no necesitamos este tipo de apoyos”, dijo el legislador federal.
Ante la versión de que los gobiernos estatal y federal podrían buscar anular la elección para imponer a un gobernador interino en Veracruz, dijo que desde su perspectiva se trata de una estrategia de la oposición para crear temor en la población o cierta inestabilidad previo al cinco de junio, fecha en que los ciudadanos saldrán a emitir su voto.
Sostuvo que el PRI ya está preparado en caso de que la alianza PAN-PRD o MORENA busquen judicializar el proceso electoral, ya que en Veracruz ha existido una participación cívica y pacífica entre los ciudadanos.
Cuestionado sobre el asesinato del periodista Manuel Torres González en Poza Rica, consideró que se trata de un tema grave y el Gobierno no puede ser omiso, ya que la actual administración no puede dejar compromisos en este ámbito.
“El tema de la represión bajo cualquier esquema del crimen organizado, de la delincuencia común, no puede ser un pretexto para atacar a periodistas; hay que evitarlo y el Gobierno tiene que mantener un compromiso sólido en esto, no se puede de ninguna manera hacer a un lado ese compromiso o minimizarlo”, planteó.
Adelantó que los diputados federales estarán atentos a solicitar el apoyo del Gobierno de la República, tanto desde el punto de vista pericial o desde el punto de vista de seguridad, para esclarecer dicho crimen y combatir los índices delincuenciales.