Si funcionarios tienen responsabilidad en el caso Guillen Tapia, deberán irse

Si algún funcionario de la subsecretaría es llamado a declarar ante el Ministerio Público, para esclarecer si hubo negligencia en las negociaciones que llevó al deceso al dirigente campesino, Ramiro Guillén Tapia, “tendrán la obligación de hacerlo, sostuvo el subsecretario de Gobierno, Francisco Portilla Bonilla, quien afirmó que aún no terminan de dar los cheques a los campesinos del ejido de Ocozontepec.

Entrevistado durante la Reunión Nacional de Archivos, el funcionario dijo que los que le compete es dar las facilidades para que se realice la investigación y lo del video del momento de la inmolación del defensor de los derechos humanos de los pueblos del sur de la entidad queda en manos de las autoridades competentes.

Porque al margen de una investigación de tipo ministerial hace falta una reflexión de lo qué pasó y qué debemos hacer para que no pase, señaló el ex diputado local, quien al ser cuestionado sobre si Valentín Arrieta Sanromán –que en el día de los hechos afirmó que Ramiro Guillén Tapia se prendió fuego por llamara la atención-, trabajaba en el área jurídico de la subsecretaría de gobierno o no, ya que aparece en el directorio pero fue desconocido por el secretario de gobierno, refirió “desconozco si esa persona labora allí”.

Y a pesar que el gobierno había anunciado que al día siguiente se les pagaría sus cheques a los campesinos que se manifestaron 107 veces en la plaza Lerdo, junto con Guillén Tapia, el subsecretario dijo que “ya se liquidó a algunos, no tengo las cantidades exactas, ya se había aprobado pagarles lo único que hacía falta es que se liberaran los recursos federales, pero ya se está liquidando”.