Si “limpiaron” anomalías de municipios, exdiputados pueden ser inhabilitados hasta 20 años

Los 15 exdiputados locales que integraron la Comisión de Vigilancia de la pasada 64 Legislatura de Veracruz, señalados en una denuncia ciudadana de haber “limpiado” evidencias de observaciones de faltas administrativas graves en entes estatales y de daño patrimonial en 45 ayuntamientos en la Cuenta Pública 2017, ya comparecieron por escrito ante el Órgano Interno de Control (OIC) del actual Congreso del Estado.

Al respecto, el titular del Órgano, Rubén Buenrostro Hernández, adelantó que al concluir la investigación se podría estar ante tres escenarios:

En caso de que se determine que hay responsabilidades graves, se deberá elaborar un informe y remitirse al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para que determine lo conducente.



Si hay presuntas faltas administrativas no graves, el Órgano Interno de Control deberá turnar el caso al área de Substanciación del Congreso, aunque hasta el momento no está conformada.

O bien, si no hay ningún tipo de responsabilidad, se deberá emitir un acuerdo de conclusión y archivarlo.

Cabe señalar que en los casos de faltas administrativas graves, la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece las siguientes sanciones:



Suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de 30 a 90 días naturales.

En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta 10 años si el monto de la afectación de la falta administrativa grave no excede de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de 10 a 20 años si dicho monto excede de dicho límite.



Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán imponer de 3 meses a un 1 año de inhabilitación.

Y las sanciones por faltas administrativas no graves son:

Amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión por un plazo de 1 a 30 días naturales; destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



Para el caso de inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

Buenrostro Hernández, reconoció que la investigación que se abrió ante la denuncia presentada por Sergio Vázquez Jiménez, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, avanza lento ante la carga de trabajo y el poco personal del Órgano Interno de Control del Congreso del Estado.

Expuso que los 15 exdiputados fueron notificados en tiempo y forma para que comparecieran y todos los hicieron por escrito.



“Comparecieron por escrito los 15 exdiputados, hicieron sus manifestaciones, se les dejó a salvo sus derechos; estamos a la espera de algunas respuestas para cerrar el periodo de instrucción y de ahí ya poder pronunciarnos”.

Señaló que por esa denuncia se integraron 700 fojas y 4 tomos de pruebas de mil 700 fojas.

Los diputados que integraron la Comisión Permanente de Vigilancia de la 64 Legislatura de Veracruz son:



Juan Manuel de Unanue Abascal, quien fuera presidente, hoy Diputado local en la 65 Legislatura; Fernando Kuri Kuri, exsecretario y actual Delegado del ISSSTE.

Y los vocales:

Daniela Griego Ceballos, actual directora general del IPE; María Rocío Pérez Pérez, actual Secretaria de Medio Ambiente; también Judith Pineda Andrade, Bingen Rementería Molina y Rodrigo García Escalante, actuales Diputados de la 65 Legislatura.



Así como Juan Manuel del Castillo González, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, Lourdes García González, Juan Nicolás Callejas Roldán, María Adela Escamilla Moreno, Marco Antonio Núñez López, Carlos Antonio Morales Guevara, y Juan Manuel Sánchez Martínez.