Si no cumple con la normatividad ambiental, “Caballo Blanco” no operará, define SEDEMA

De no cumplir con la normatividad ambiental vigente y de no garantizar que sus actividades serán acordes al desarrollo sustentable de Veracruz, el Gobierno del Estado no avalará el desarrollo de la mina a cielo abierto Caballo Blanco, aseveró en entrevista el secretario de Medio Ambiente (SEDEMA), Víctor Alvarado Martínez.

Tal como ha sido la política desde el inicio de la administración de Javier Duarte de Ochoa, expresó el funcionario estatal, todo proyecto que se pretenda establecer en la entidad debe de cumplir con la exigencia establecida por las leyes y las normas en la materia, en función de considerar al medio ambiente como parte integral de su desarrollo y sobre todo, garantizar que la afectación no sea mayor al impulso que genere.

Respecto a la consulta pública organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, en la cual convocó a las instituciones académicas, investigadores, agrupaciones sociales y productivas, ONG y sociedad en general, Alvarado Martínez dijo que la SEDEMA participa como parte de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable.

Asimismo, dio a conocer que directivos de la dependencia están presentes en el foro, atendiendo la exposición tanto de la empresa que promueve el proyecto, como la de los organismos e individuos que han solicitado la consulta para poder conocer todos los puntos, considerarlos e integrar la opinión técnica con relación a los posibles impactos y riesgos ambientales de este desarrollo, junto con su respectivo análisis para hacerlo del conocimiento de la federación.

El funcionario precisó que las actividades mineras, de acuerdo al marco legal existente en nuestro país, son reguladas desde el punto de vista ambiental por el Gobierno Federal, es decir, por la SEMARNAT.

“En ese sentido, nosotros como Secretaría del Medio Ambiente del Estado hemos solicitado que esa dependencia federal, a través de lo que está establecido por la ley, solicite al Gobierno del Estado nuestra opinión en cuanto a los posibles impactos de este desarrollo; y es precisamente hasta el 27 de este mes que nosotros tenemos como fecha límite para poder integrarla”.

Víctor Alvarado destacó que en este proceso se está privilegiando no sólo la participación de instituciones académicas y centros de investigación, sino también la de organizaciones no gubernamentales y de expertos que tengan algo que aportar para que el Gobierno del Estado emita su posición con respecto al impacto ambiental de la mina.

“Desde que esta solicitud llegó a la Secretaría del Medio Ambiente nosotros recibimos la instrucción del gobernador Javier Duarte de Ochoa, de hacer este análisis de forma muy objetiva, muy clara y sobre todo, analizada a detalle, para dejar garantizado que este desarrollo, la infraestructura de la mina, cumpla con la normatividad ambiental”, dijo.

El titular de la SEDEMA dijo que la ley estatal en lo referente a la protección al medio ambiente faculta a la dependencia para solicitar la opinión a terceras personas, mismas que pueden ser instituciones u otros grupos. En ese sentido se ha solicitado no sólo la opinión de instituciones académicas sino también de las paraestatales, como es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, así como al Centro Nacional para la Prevención de Desastres y a la Secretaría de Protección Civil.

Dijo que la opinión de estos organismos será importante, especialmente en lo que se refiere al manejo de explosivos, las vibraciones que estos provocan y otros posibles impactos al entorno, de modo que su opinión también se pueda integrar en la postura final.

Finalmente, expresó que se está “haciendo una labor muy amplia y muy detallada para emitir una postura muy objetiva y sobre todo, muy clara, para que la ciudadanía esté segura y muy consciente de la labor que el Gobierno del Estado desarrolla en el análisis de todas las iniciativas que tienen que ver con el aterrizaje de inversiones, de forma que se considere la afectación al desarrollo ambiental”.