Si OPLE no recicla material electoral, tendrá que gastar más de 52 mdp

En caso de que el reciclaje del material electoral del proceso electoral de Gubernatura de 2018 sea descartado o éste sea declarado improcedente por los Tribunales, tras su impugnación por parte de los partidos políticos inconformes, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz requeriría de 52 millones 233 mil 106 pesos para la adquisición de nuevos aditamentos.

Así se estimó en el acuerdo del Consejo General, mediante el cual se avaló la solicitud para una ampliación presupuestal por 471 millones 83 mil 239 pesos para el Ejercicio Fiscal 2021 y que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) deberá enviar al Congreso del Estado para su análisis y posible aprobación.

Los más de 52 mdp proyectados por el ente comicial serían destinados al diseño, elaboración y distribución de la documentación y el material electoral correspondiente a las casi 11 mil casillas que se estiman instalar el próximo 6 de junio.



En esta cifra global se incluyen los paquetes electorales y las urnas, es decir, 11 mil para la elección constitucional de Diputaciones Locales y Ayuntamientos y 500 para simulacros que se hacen en fechas previas al día de la jornada.

El material electoral está compuesto por cancel electoral portátil, marcadores de boletas, líquido indeleble, urnas, caja paquete electoral, base porta urnas, marcadora de credencial y mampara especial.

En el acuerdo aprobado por los consejeros del organismo electoral veracruzano, se precisa que en la ampliación presupuestal se prevé la presupuestación de la totalidad de las urnas de la elección de Ayuntamientos, dejando a salvo la posibilidad de reutilizar las empleadas en los comicios de la Gubernatura de 2018, algo que despertó la inconformidad de los partidos políticos.



La molestia de las representaciones partidistas que hicieron saber durante la discusión de este asunto, radica en la presunta inconstitucionalidad del reciclaje, toda vez que con la anulación de la Reforma Electoral por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) esta disposición quedó sin efectos.

Asimismo, alertaron la posible falta de certeza que causaría el emplear las urnas de Gubernatura en las elecciones de Ayuntamientos; el supuesto riesgo que correrían los integrantes de las mesas directivas de casilla y representantes de partidos y la confusión en los ciudadanos que acudan a ejercer su derecho el día de las votaciones.