Si procede, Tribunal Superior de Justicia se encargaría de juicio político contra Fiscal

El artículo 77 de la Constitución Política del Estado, marca que podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho, a los diputados, el Gobernador, los secretarios de despacho, el Contralor General, los magistrados, los presidentes municipales, el fiscal general del Estado, entre otros.

De acuerdo con la Carta Magna, las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación hasta por 10 años para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público del Estado o de los municipios.

Dicho artículo señala que para la aplicación de las sanciones antes mencionadas, el Congreso local procederá a la acusación respectiva ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, previa declaración de las dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso; después de haber substanciado el procedimiento y con audiencia del inculpado.



El Pleno del Tribunal Superior de Justicia, erigido en Jurado de Sentencia, previo desahogo del proceso respectivo y con audiencia del inculpado, resolverá lo procedente. En caso de resultar culpable, la sanción correspondiente se impondrá mediante resolución aprobada por las dos terceras partes del número total de sus integrantes.

Se acota que la responsabilidad política se exigirá durante el período en el cual el servidor público ejerza el empleo, cargo o comisión o dentro del año siguiente a partir de que concluya su mandato.

Por su parte, la sentencia respectiva deberá pronunciarse dentro del año de iniciado el procedimiento.



Finalmente, la Constitución marca que las declaraciones y resoluciones del Congreso y del Tribunal Superior de Justicia no admitirán recurso alguno.