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Sección: Estado de Veracruz

Sin desechar la denuncia contra Calderón por muertos en combate a la delincuencia: Díaz-Aranda

- Está integrándose, se perfeccionará y el próximo año iniciará el proceso, dice ex asesor de la Corte Penal Internacional

- En el caso del ex presidente yugoslavo Milosevic había menos elementos y se llevó a proceso

?ngeles Gonz?lez Ceballos Xalapa, Ver. 10/04/2012

alcalorpolitico.com


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Enrique Díaz-Aranda, quien fuera asesor de la Corte Penal Internacional, advirtió que la denuncia en contra de Felipe Calderón por delitos de lesa humanidad no está desechada, está integrándose y se va a perfeccionar, por lo que seguramente el año que viene se iniciará el proceso en contra del mandatario federal.

“Porque está dentro de las facultades de esta Corte Penal Internacional y cuando yo fui asesor de esa corte para el caso Milosevic (ex presidente yugoslavo) teníamos muchísimo menos que lo que hay en contra de Felipe Calderón para llevarlo a proceso”, sentenció como parte de la conferencia “Reforma Constitucional en Materia de los Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal”.

Asimismo, recordó que un tribunal de Estados Unidos dio entrada a la denuncia en contra de Ernesto Zedillo por el caso “Aguas Blancas” y que en este momento está siendo investigado Jorge Madrazo ex procurador general de la República por los mismos hechos y todo ello tiene que ver con la violación de los derechos humanos.

Recordó que en una gira de trabajo el presidente Calderón fue increpado por un joven que le preguntó tres cosas: cuándo se acaba la guerra, cuántos muertos más y a donde te vas a ir a vivir cuando termines tu periodo.

En ese sentido, consideró que no fue de “gratis” que ese joven le haya preguntado a Calderón a dónde se va a ir a vivir que no esté el brazo de la Corte Penal Interamericana.

Enrique Díaz-Aranda, enfatizó que cuando al mandatario federal le molestaron tanto los señalamientos en su contra por delitos de lesa humanidad, promovió una reforma al Código Penal en la cual se iba a sancionar de seis meses a dos años de prisión a quien se manifestara públicamente en contra de la política de seguridad pública del Gobierno Federal.

Preguntó que si se incluyera eso en el Código Penal podría ser norma que se deba aplicar o no a lo que respondió: que la Constitución consagra la garantía de derecho a la libertad de expresión.