Sistema Estatal Anticorrupción se instalará antes de concluir el año: Diputado

Entre los grupos legislativos del Congreso del Estado hay coincidencias para consolidar un Sistema Estatal Anticorrupción “con dientes” que combata a fondo, castigue y erradique la corrupción que tanto daño hizo en Veracruz en los últimos 12 años.

Al manifestar lo anterior, Bingen Rementería Molina, diputado presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, adelantó que en el análisis de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, cuyo dictamen podría someterse a votación el próximo martes, contempla la desaparición del Tribunal de la Contencioso Administrativo para dar paso al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como un organismo autónomo del Poder Judicial y con independencia presupuestaria, que estará integrado por 4 magistrados nombrados por el Congreso a propuesta del Gobernador.

“No se puede escatimar un solo peso en el tema de la lucha contra la corrupción”, flagelo que tiene hoy a Veracruz en una crisis financiera profunda; por ello, los diputados locales tienen que otorgar todas las facilidades para que el Sistema Estatal Anticorrupción funcione correctamente y garantice que la persona que incurra en faltas administrativas dentro de la administración pública, sea del nivel que sea, se juzgue de manera correcta.



En el dictamen que se someterá a votación se conceden 90 días al Titular del Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para establecer todas las Leyes Secundarias.

Es decir, una vez que se aprueben las reformas constitucionales se creará la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y el nombramiento de su titular; la Ley de Responsabilidades Administrativas; la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa; y las adecuaciones para quitar el fuero a los servidores públicos y acotar más los tiempos para la fiscalización de las Cuentas Públicas.

Además, la conformación del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción que deberá integrarse por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción; para ello, el Congreso del Estado deberá emitir la convocatoria respectiva.



Enfatizó que lo anterior será posterior a la reforma constitucional, pero todo quedará listo antes de concluir el año.

En ese sentido, Rementería Molina aseguró que los ciudadanos que se designarán no tendrán vínculos ni nexos con nadie.

“Hay un desgaste natural del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, sobre todo, porque hoy la gente tiene una opinión no la más favorable. La intención de todos los grupos es que realmente se pueda conformar este Sistema sólido.”



Creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa

El Diputado Presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina, adelantó que el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa funcionará en Pleno y en Salas y estará conformado por cuatro magistrados. Habrá una Sala Superior y las Salas Regionales necesarias para su funcionamiento.

El Tribunal gozará de autonomía presupuestal y estará desincorporado del Poder Judicial. El presupuesto que le sea asignado deberá ser suficiente para el cumplimiento de sus funciones, considerando las ampliaciones presupuestales.



El Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, será electo por el Pleno del mismo, cada tres años, con posibilidades de reelección. Los magistrados serán nombrados por el Congreso, a propuesta del Gobernador del Estado.

Los magistrados durarán en su cargo diez años improrrogables y sólo serán removidos de conformidad con lo dispuesto por la Constitución.

El magistrado Presidente comparecerá y rendirá anualmente ante el Congreso, un informe sobre el estado que guardan los asuntos de su competencia, en los términos que establezca su Ley Orgánica.



El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa será un organismo dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones; tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, independencia en sus decisiones, y máxima autoridad en la materia, con la jurisdicción y competencia que determine esta Constitución, su Ley Orgánica y demás legislación relativa.

Es competente para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal, municipal y los particulares; así como, imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, y a los particulares vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.

El Tribunal ejercerá sus funciones bajo los principios de autonomía, legalidad, plena jurisdicción, honestidad, responsabilidad, austeridad, transparencia, independencia jurisdiccional, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, motivación y fundamentación, vocación de servicio y responsabilidad en el uso de los elementos materiales.