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Sección: Estado de Veracruz

Solicitud de juicio político contra Winckler se irá a dormir “el sueño de los justos”

- No cumple con causales de Ley, el artículo 12 dice “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”: Copete Zapot
- Si tiene la apreciación de que somos corruptos, debe reconocer que su nombramiento proviene de un acto ilegal y renunciar

Javier Salas Hernández Xalapa, Ver. 19/05/2017

alcalorpolitico.com

La diputada coordinadora del grupo legislativo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot, reconoció que la solicitud de juicio político en contra del Fiscal General del Estado no cumple con las causales de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, por lo que el documento se irá a dormir “el sueño de los justos”.
 
Dijo que se apela a la congruencia de Jorge Winckler Ortiz para que presente su renuncia de manera voluntaria, toda vez que ahora se irá “a fondo”, para evaluar su desempeño al frente de la FGE.
 
La solicitud de juicio político fue avalada por 4 grupos legislativos: PRD, PRI, Juntos por Veracruz y MORENA y turnada a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, misma que se derivó por las declaraciones del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, al llamar "corruptos" a los diputados locales por no haber avalado la solicitud de desafuero en contra de Armel Cid de León Díaz, alcalde de Fortín.
 
Después de tres semanas del hecho, la Coordinadora de la bancada perredista aceptó que no hay una acción contundente que conlleve a remover del cargo al Fiscal General del Estado por sus declaraciones, “definitivamente, en este caso específico, no hay”.
 
El artículo 12 párrafo segundo de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia señala: “no procede el juicio político por la mera expresión de ideas”.
 
Mientras que el artículo 77 de la Constitución Política de Veracruz dice: “podrán ser sujetos de juicio político, por los actos u omisiones que conforme a la ley afecten a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho: los diputados, el Gobernador, los Secretarios de Despacho, el Contralor General, el Fiscal General del Estado, los magistrados, los presidentes municipales o de consejos municipales y los síndicos, el Contralor General del organismo público que ejerza la autoridad electoral administrativa, los comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y los titulares o sus equivalentes, de las entidades de la administración pública estatal y municipal”.
 
En el artículo 13 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia se detalla lo que se considera afectación a los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho:
 
El ataque a los entes públicos, el ataque a la forma de Gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios, la violación sistemática a las garantías individuales o sociales, la violación sistemática a los planes, programas o presupuestos; así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, el ataque al ejercicio del sufragio, la usurpación de atribuciones, cualquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos, cualquier acción u omisión que provoque en forma dolosa la suspensión o desaparición de algún ayuntamiento o la suspensión o revocación del mandato de alguno de sus ediles o los supuestos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y las leyes que de ambas emanan.
 
Copete Zapot insistió en que las declaraciones del Fiscal fueron desafortunadas e irresponsables, porque al llamar "corruptos" a los diputados se refirió al Poder Legislativo y en ese sentido, le recordó que su nombramiento lo hizo el Congreso del Estado y si tiene esa apreciación, lo que debe hacer es reconocer que su nombramiento proviene de un acto ilegal, por lo que debe presentar su renuncia.
 
Lo que sí dejó claro es que se evaluará el trabajo del fiscal Jorge Winckler, sobre todo, porque hay inconformidad de los familiares de personas desaparecidas.
 
“En este tema específico, aquí sí, hay que ir a fondo para que el Fiscal responda por lo que se le cuestiona”, expresó.
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