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Universidad Anahuac

Sección: Estado de Veracruz

Suprema Corte quiere libres a quienes abortaron; Fiscalía de Veracruz las encarcela

- Caso de Diana Patricia, que sufrió aborto espontáneo, sucede en medio de histórica resolución de Corte

- A ella le imputaron “homicidio”, pese a su embarazo de alto riesgo

- Corte defenderá a presas por abortar; no permitirá criminalizarlas

Claudia Montero Xalapa, Ver. 09/09/2021

alcalorpolitico.com


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Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que todos los jueces del país deberán acatar que es inconstitucional criminalizar a las mujeres por abortar e incluso anunció que defenderá a todas las que estén imputadas por dicho delito, en Veracruz, Diana Patricia sigue presa tras haber sufrido un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo.

En este caso, la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, optó por acusar a Diana Patricia de “homicidio”, manteniéndola en prisión desde mayo pasado tras ejecutarle una orden de aprehensión.

La mujer, cabe recordar, sufrió el aborto en un centro comercial en Oluta.



Tras la detención, el pasado 1º de julio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado en el que exigió a la Fiscalía no criminalizar a las mujeres y respetar sus derechos sexuales y reproductivos.

Advirtió que el encarcelamiento de Diana Patricia en el Centro de Reinserción Social de Acayucan vulnera gravemente sus derechos, porque su privación de la libertad obedece a factores producto de una violencia sistemática que ponía en riesgo su vida, su salud, su estado psicológico y mental, así como su dignidad y derecho a una vida libre de violencia.

Asimismo, se exhibió que la acusación por homicidio formulada por la Fiscalía de Veracruz —que encabeza una mujer—:



“Denota la falta de perspectiva de género en la investigación realizada hasta el momento, además, acusa la estigmatización que existe ante los casos de mujeres cuyo embarazo se interrumpe de forma legal o espontánea, lo que representa una grave violación a sus derechos sexuales y reproductivos, una doble revictimización y falta de acceso a la justicia por las condiciones de precariedad económica y social en la que vivía”.

Además, apenas este martes, en votación unánime, la Suprema Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, criterio que obligatoriamente deberán atender todos los jueces del país.

“A partir de ahora y derivado de la obligatoriedad del precedente de la Corte, todos los jueces y juezas federales y locales de nuestro país están obligados a respetar el derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en los caso que están autorizados por la sentencia de la propia Suprema Corte”.



“Hemos terminado de tajo con la criminalización de la mujer. Hemos reiterado que que todos estamos a favor de la vida pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en libertad, en que ejerzan sus derechos, en que no estén sujetas a la violencia, a la tortura, a la coacción y a la prisión”, dijo el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, en conferencia de prensa este miércoles.

El Presidente de la Corte también destacó que para llegar a las últimas consecuencias de la resolución, el Consejo de la Judicatura federal aprobó que el Instituto de la Defensoría asesore, representa y defienda a las mujeres que sean procesadas, hayan sido sentenciadas o pretendan ser imputadas por el delito de aborto.

“Vamos a defender a las niñas más pobres de este país, vamos a defender a las mujeres más marginadas, no vamos a permitir desde el Poder Judicial que se siga discriminando a la mujer, que se le siga condenando a una prisión injusta simplemente por ejercer sus derechos”, dijo.



Mientras tanto, Diana Patricia sigue enfrentando su proceso penal, el cual derivó de un aborto espontáneo.