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SUTSEM no autorizará demolición del edificio del IPE

- La construcción está en buen estado y busca dictamen técnico de la UNAM - Se ahorraría el Gobierno del Estado 500 millones de pesos anuales con la reforma a ley de pensiones: Diz Herlindo

Ram?n Moreno Alvarado Xalapa, Ver. 23/07/2007

alcalorpolitico.com

Ricardo Diz Herlindo, Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Enseñanza Media, afirmó que el SUTSEM no autorizará la demolición del edificio del Instituto de Pensiones del Estado, ni tampoco votará a favor en el Consejo del IPE para entregar el espacio al ayuntamiento y hacer un parque.

Entrevistado durante la presentación del programa de actividades del Frente Amplio de Unidad por la Autonomía Sindical, el abogado dijo que a su juicio el edificio se encuentra en buen estado y aunque ya se ha solicitado un dictamen de sus condiciones a los especialistas de la UV, ellos como SUTSEM han pedido un tercer estudio técnico a la UNAM.

El líder de los profesores y administrativos de los bachilleratos argumentó que sería un desperdicio e implicaría un costo millonario de pérdidas demoler la construcción cuando se podría rentar como oficinas que dejarían más recursos a las finanzas del IPE para el pago de las pensiones, si el ayuntamiento quiere un parque “ahí está el parque Juárez a una cuadra y que le ponga árboles a la Plaza Lerdo”.

Diz Herlindo urgió a los diputados de la LX Legislatura para que autoricen los cambios a los 8 artículos de la ley de pensiones porque ahorraría al Gobierno del Estado 500 millones de pesos anuales que se obtendrían de una cartera de créditos que no se usan no sólo para afiliados al IPE, además de sorteos, concesiones para gasolineras, de carreteras y puentes de peaje que administraría el Instituto.

Finalmente dijo que las razones por las que esta reforma no ha avanzado es porque como 20 diputados pidieron licencia en busca de otras oportunidades y por las elecciones son las causas por las que se ha retrasado la reforma que es muy sencilla y que hace aparecer a los trabajadores como una carga financiera a las finanzas del estado pero en realidad son el pago de sus derechos que obligadamente debe hacer el patrón que es el Gobierno del Estado.