También en Veracruz, buscará Cuitláhuac recortar salarios de magistrados

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, busca reducir los sueldos de todos los funcionarios públicos de la entidad, incluyendo a los altos funcionarios de los poderes Legislativos, Ejecutivo y Judicial, así como en municipios, organismos autónomos y Organismos Públicos Descentralizados, entre otros.

Este jueves el mandatario envió al Congreso local una iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del artículo 82 de la Constitución Política del Estado.

En su ordenamiento, el Ejecutivo señala que se considerará como servidor público del Estado toda persona que de manera temporal o permanente desempeñe una función, empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial del Estado o en la Administración Pública Estatal o Municipal.

También en los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal, Fideicomisos Públicos, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstos; Fideicomisos; así como los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución Estatal otorgue autonomía.

Además, en su artículo 6, se establece que para la determinación de la remuneración de los servidores públicos se considerarán nuevas bases, como que ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni para el Gobernador del Estado de Veracruz.

La Ley establece que toda remuneración deberá sujetarse a la transparencia y rendición de cuentas, es decir que será pública y toda autoridad estará obligada a informar y a rendir cuentas en este tema, privilegiando el principio de máxima publicidad.

En cuanto al desempeño de varios puestos se permitirá siempre que el servidor público cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o locales.

La Ley añade que la remuneración de los servidores públicos se determinará anualmente en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, el cual contendrá los tabuladores de remuneraciones mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los servidores públicos.

Esto incluye la remuneración total anual del gobernador desglosada por cada concepto que la comprenda; la remuneración total anual de los titulares de los entes públicos del Poder Judicial del Estado; del Poder Legislativo local; del Órgano de Fiscalización Superior; de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas; del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

También de la Fiscalía General del Estado; del Tribunal Electoral de Veracruz; del Organismo Público Local Electoral; de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; de la Universidad Veracruzana; de los Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos y Empresas de Participación Estatal que formen la Administración Pública Paraestatal.

Finalmente, se incluirán a los encargados de las Instituciones de Educación Superior Estatales, de carácter autónomo, y cualquier otro Ente Público, de carácter estatal, descentralizado, autónomo o independiente, de los Poderes Estatales.

En cuanto a las sanciones, García Jiménez propone que cualquier persona podrá formular denuncia ante la instancia interna de control o disciplina respecto a las conductas de los servidores públicos que sean consideradas contrarias a las nuevas disposiciones.

Además, cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, podrá presentarse también ante la Contraloría General del Estado.

“Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos, referidos en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado, podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso del Estado para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político en términos de ley”.

La propuesta plantea que en caso de que un servidor público obtenga u otorgue un beneficio en contradicción con las disposiciones, se impondrán las sanciones establecidas en el Código Penal para el Estado.

“Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda Pública Estatal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en cada caso. Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción penal que especifica esta Ley”.

Así, el gobernador estimó necesario que el sistema jurídico local cuente con un instrumento normativo que asegure la congruencia entre las acciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y transparencia.

Justificó que el 24 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dicho Decreto estableció las bases para determinar las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, fijando las condiciones y límites máximos a que deberían sujetarse tales remuneraciones y dispuso la obligatoriedad de emitir la legislación reglamentaria correspondiente.

“Por ello, a fin de cumplir con la obligación constitucional señalada, el pasado trece de septiembre de 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LXIV Legislatura aprobó el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

García Jiménez estableció que su proyecto retoma en esencia el texto de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 13 de septiembre de 2018.

Hay que recordar que la iniciativa federal ha generado polémica pública, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cual fija que ningún funcionario pueda ganar más que el Presidente de la República.