Tarek Abdalá, en la mira por desvío de recursos al Seguro Popular en Veracruz

El exdiputado federal y extitular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Antonio Tarek Abdalá Saad, continúa en la mira por el desvío de recursos al Seguro Popular en Veracruz; sin embargo, las autoridades todavía no han procedido legalmente en su contra.

De acuerdo con el periódico Milenio, Veracruz, Michoacán, Jalisco y Oaxaca concentran la mitad de los recursos federales sin aclarar durante el periodo 2013-2017, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades por 16 mil 13 millones de pesos.

En una revisión hecha a las auditorías por ese medio se detectaron operaciones inadecuadas, contrataciones irregulares, sobreprecio de medicamentos, pago a servidores públicos que no cumplían con la preparación académica requerida, transferencia de recursos a fines no autorizados y pagos sin documentación probatoria.



En los cinco años fiscales revisados (2013-2017), la ASF realizó174 indagatorias al Seguro Popular en todo el país. Seis de ellas, en cuatro estados, que son los que concentran el 53.3 por ciento de los recursos que no se han podido aclarar.

Dichas auditorías corresponden a Veracruz, con 4 mil 73 millones de pesos; Michoacán, con mil 587 mdp; Jalisco, con mil 138 mdp y Oaxaca, con 914 mdp.

La Auditoría Superior reporta que de los 16 mil 13 millones de pesos por aclarar en esos años, sólo 3 mil 44 se encuentran en procedimiento resarcitorio, lo que significa que ya se tiene localizadas a las personas responsables del posible uso indebido del dinero público y en qué sitios trabajaban, pero que por cuestiones legales o administrativas no han resarcido el daño al erario desde el 2013.



El peor daño se concentra en Veracruz

Según Milenio, citando datos de la ASF, en la auditoría 864 se detectó que en 2013, durante el gobierno de Javier Duarte, “no se realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del programa, ni apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas”.

Así, desde hace cinco años el Gobierno estatal no ha subsanado la irregularidad por mil 29 millones de pesos de ese Ejercicio Fiscal. A esa suma millonaria se adicionan los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta la fecha.



La SEFIPLAN transfirió los recursos destinados para la salud, de los beneficiarios del Seguro Popular, a favor de cuentas bancarias a nombre del gobierno de Veracruz.

Como resultado de esta auditoría, la ASF presentó denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En ese mismo año, la ASF detectó que Veracruz compró medicamentos a un precio superior al de referencia, pero gastó menos dinero del que tenía destinado a ese rubro; lo que generó desabasto de medicamentos, reflejado en el surtimiento incompleto de recetas médicas.



“Se destinó 4.9 por ciento de los recursos para la compra de medicamentos, material de curación y otros insumos, cuando la normativa establece para este rubro hasta 30 por ciento de dichos recursos”, señala la Auditoría Superior de la Federación.

En la administración de Javier Duarte, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero, la ASF también exige la aclaración o devolución de 2 mil 477 millones de pesos.

Resultado de la auditoría 1544, las autoridades interpusieron una denuncia de hechos ante la PGR porque, otra vez, los recursos federales fueron transferidos a cuentas distintas por la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación.



La dependencia estaba encabezada en aquel entonces por Tarek Abdalá Saad, exdiputado federal por quien la Fiscalía General de Veracruz (FGE) solicitó su desafuero en 2017, pero el PRI mandó el juicio de desafuero a "la congeladora".

En la auditoría 1544 se documenta que el Régimen Estatal de Protección Social en Salud, en Veracruz, destinó recursos por 163 mil 205 pesos para el pago de facturas de un proveedor "fantasma"; así como 254 millones 700 mil pesos que fueron transferidos de la cuenta bancaria donde estaban los recursos federales enviados para el Seguro Popular a las cuentas del Gobierno del Estado, sin evidencia de que se hayan empleado en su fin original.

Tarek Abdalá fue inhabilitado en noviembre del 2016 por 10 años por la Contraloría General del Estado de Veracruz (CGE) para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público, a raíz de la investigación derivada de la denuncia de la ASF, pero el dinero para la salud de los veracruzanos no se ha devuelto.



Hay que recordar que el Seguro Popular se creó en el gobierno del expresidente Vicente Fox, en 2004, con el propósito de dar servicio médico a la población que no cuenta con alguna cobertura de salud.