Temen recortes al Instituto de Pensiones; exigen aclarar cómo obtendrá recursos

La pretensión de reducir el presupuesto al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) “genera un clima de intranquilidad e incertidumbre entre los pensionistas de la entidad veracruzana “, criticó la presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), Adriana Chávez Tejeda.

En un escrito publicado en Facebook, dirigido al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, le recuerda que en el 2019 el Gobierno estatal destinó al IPE 3 mil 129 millones de pesos y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) está proyectando para el 2020 una reducción de 317 millones de pesos, al proponer un techo presupuestal de 2 mil 812 millones de pesos.

“No es para menos: en el pasado reciente, los malos manejos y la falta de probidad de funcionarios público ocasionó que se retrasaran peligrosamente el pago de nuestros haberes y se violaran nuestros Derechos Humanos”.



“Usted mismo, hace menos de un mes ofreció una disculpa pública atendiendo a lo recomendado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así pues, la divulgación de la reducción en este renglón del presupuesto reactiva el desasosiego en el que, injustamente, hemos vividos los trabajadores en retiro que, durante más de 3 décadas entregamos nuestra fuerza de trabajo al servicio público”, dice Chávez Tejeda.

La dirigente del COPIPEV refiere que los pensionistas saben claramente que los recursos para cubrir el costo de las prestaciones establecidas en la Ley 287 de Pensiones del Estado y los gastos de administración correspondientes se obtienen de las cuotas y aportaciones que están obligados a pagar los trabajadores y el patrón, pero lo captado ha resultado insuficiente para cubrir las pensiones de 30 mil derechohabientes.

“No ignoramos (ni permitiremos que se ignore) que la pensión es un Derecho Humano y que el acceso a ella está garantizado tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales suscritos por el Estado Mexicano. Estimamos en consecuencia que la reducción del subsidio obedece a que, sin colocar en riesgo el pago de nuestras pensiones, el Gobierno de Veracruz proyecta que se capten los recursos suficientes con esta obligación”, dice.



En ese tenor, consideró necesario que se responda a las interrogantes que surgen a partir de la información divulgada:

“¿Se estima que el Instituto de Pensiones del Estado obtendrá más recursos con las cuotas y aportaciones de más trabajadores, a los cuales, indebidamente, se les ha escamoteado el derecho a una seguridad social completa y no se les ha afiliado al IPE? ¿Se calcula que menos trabajadores optarán por ejercer su derecho a la jubilación el año que entra o que disminuirá el número de pensionados? ¿Se prevé que los entes públicos morosos cubran su adeudo con el IPE?”.

Finalmente, sostuvo que los jubilados y pensionados, al igual que el resto de la sociedad veracruzana, “merecemos que se nos brinden explicaciones claras, coherentes, completas y debidamente fundadas.



“Sólo de esa manera, podrá ser realidad un Estado democrático, con una sociedad participativa y un gobierno transparente. Reconocemos la legitimidad y la vocación republicana que caracteriza a esta administración. Por ello, estaremos atentos a la respuesta que brinde a nuestras interrogantes que, no dudamos, Usted producirá oportunamente para la tranquilidad de todos los veracruzanos”.

Recorte será un “atentado”

Por su parte, sindicatos y asociaciones civiles que conforman el Frente para la Preservación de la Seguridad en el Estado de Veracruz

(FPSSEV), rechazaron todo intento de reducción del presupuesto de egresos para el Instituto, ya que de hacerlo “sería un atentado contra los más de 30 mil pensionados y jubilados de la entidad”.

Juan Delfino Molina Santiesteban, representante de esta Federación y presidente de la asociación civil “Nueva Vía Magisterial”, consideró que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 no debe ser menor al de este año, que ascendió a 3 mil 129 millones de pesos.

Asimismo, cuestionado sobre la advertencia del la Secretaría de Finanzas sobre que urgen acciones para atender la crisis de pensiones, rechazó de manera categórica cualquier intento de “medidas paramétricas” que ya en anteriores ocasiones han sacrificado al trabajador al incrementar la edad para jubilarse y el monto de sus cotizaciones.



“Bajo ninguna circunstancia es aceptable retener, aplazar o prolongar el derecho a la jubilación a quienes han cumplido con la normatividad establecida”, añadió para luego señalar que es necesario una reforma profunda a la Ley 287 de Pensiones del Estado de Veracruz.

El dirigente magisterial también consideró que es necesario “mantener el sistema solidario y de reparto, además de profundizar en una reingeniería económica y administrativa que propicie el fortalecimiento financiero del IPE, pero además es impostergable la renovación y democratización de su Consejo Directivo”.

Insistió en que es urgente e imprescindible la instalación de la mesa de trabajo en la que estén presentes representantes del IPE, de la SEFIPLAN, del Congreso del Estado y, por supuesto, todas las

organizaciones sindicales y Asociaciones de Jubilados y Pensionados para la construcción de una propuesta de reforma a la ley que garantice la preservación del Instituto de Pensiones del Estado.

Finalmente, dijo que el Frente para la Preservación de la Seguridad Social en el Estado de Veracruz ha pugnado en los últimos años por llevar a cabo una reforma a la Ley 287 de Pensiones haciendo suyos el sentir y las justas demandas de los derechohabientes para rescatar, democratizar, profesionalizar, transparentar y sujetar a la rendición de cuentas a los órganos del Instituto de Pensiones del Estado.