Tlacotalpan, con presunto daño patrimonial por 3.3 millones de pesos

El Ayuntamiento de Tlacotalpan, que preside Christian Romero Pérez, resultó con seis observaciones que presumen un daño patrimonial de 3 millones 331 mil 871.90 pesos en su primera Cuenta Pública correspondiente al año 2018.

De acuerdo al informe de resultados de la Cuenta Pública 2018, entre las observaciones al ente fiscalizable destaca que efectuó dos traspasos de participaciones federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), por un millón 56 mil 780.13 pesos y por 500 mil pesos a dos cuentas bancarias de Scotiabank 6701062255 y a la cuenta 6701062263 de FORTAMUNDF, respectivamente.

Esos recursos no fueron reintegrados, por lo que no se aplicaron en obras ni acciones autorizadas de acuerdo al Fondo, ya que no presentaron la documentación comprobatoria que así lo demuestre.



Otra observación es por 322 mil 603.47 pesos por concepto de 3% de Gastos Indirectos.

En este caso, no se presentó el presupuesto de los gastos y el programa de aplicación, además, no hay evidencia del trabajo de supervisión pagado con los recursos de este Fondo, por lo que las erogaciones efectuadas, no se encuentran justificadas.

Así también, el ente fiscalizable realizó erogaciones durante el Ejercicio 2018, las cuales fueron registradas contablemente como “Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes” por un monto de 420 mil pesos y otro por 635 mil 844.83 pesos.



Sin embargo, carecen de documentación comprobatoria; además, son erogaciones no autorizadas para realizarse con recursos de este fondo, toda vez que se desconoce su aplicación, por lo que deberán presentar las pólizas contables que dieron origen al saldo deudor, así como, las pólizas contables con las que fueron disminuidos o comprobados los importes señalados.

A pesar de que el Ayuntamiento de Tlacotalpan presentó pruebas, a criterio del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir faltas administrativas o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, por lo que promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios.