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Sección: Estado de Veracruz

Tortura perpetrada por Fiscalía, comprobada por CEDH, tira caso contra Duarte por desapariciones

- Declaraciones arrancadas bajo tortura a exfuncionarios, testimonio endeble para vincularlo a proceso

- Desde el Reclusorio Norte, el exgobernador minimiza los señalamientos de la Fiscalía de Veracruz

- Tan débil es la acusación, que los 4 indiciados que lo acusaron están fuera de la cárcel

- El presunto delito sólo es por “obstruir una investigación”, no por desaparecer personas

Joaquín Rosas Garcés Xalapa, Ver. 24/07/2019

alcalorpolitico.com


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“No existe en mi contra una denuncia por desaparición forzada, esa es una mentira, un truco por parte de la Fiscalía para hacer escandalosa y aparatosa la denuncia que presentó”, declaró la tarde de este miércoles el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al afirmar que en realidad la conducta por la que lo acusan es la de “obstruir una investigación” que llevaba en aquel entonces la Fiscalía a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras “pero no el hecho de que haya ordenado desaparecer o levantar a alguien”.

En llamada telefónica desde el Reclusorio Norte, el ahora sentenciado exgobernador de Veracruz se refirió a la información difundida en la edición de alcalorpolitico.com este miércoles, en el sentido de que México solicitó permiso a Guatemala para ejecutar la orden de aprehensión contra él por “desaparición forzada”.

“Ésta es una causa burda, no tiene ni pies ni cabeza”, define Duarte, porque los únicos que lo podrían vincular son los cuatro exfuncionarios que ya están fuera de la cárcel: el exfiscal Luis Ángel “N”; el exsecretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, y los exfuncionarios de la Fiscalía: Gilberto “N” y Rosario “N”, quienes ya están fuera de la cárcel, aunque todavía enfrentan procesos penales por casos de desaparición.



De estos dos últimos, señala Duarte, quedó constatado que los hicieron declarar en su contra bajo tortura, tal como la demuestra la recomendación 25/2019 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la acusación que hizo el extitular de SSP Arturo “N” ante el Congreso del Estado para solicitar el juicio político contra el actual fiscal Jorge Winckler Ortiz.

Asimismo, destaca que, el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto “N”, y la exdirectora de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N”, están fuera de la cárcel porque obstruir una investigación no es un delito grave y, en cambio, la desaparición forzada sí lo es.

Duarte hizo notar que el único elemento que tiene la Fiscalía de Veracruz en su contra son las declaraciones de Arturo “N” y de Gilberto “N”, ambos, ya una vez fuera de la cárcel, no sólo declararon sino que denunciaron que sus testimonios fueron obtenidos a través de tortura. De ahí la recomendación de la CEDH que acredita que a Gilberto “N” lo obligaron, torturándolo, a declarar en contra de Javier Duarte.



El exgobernador señaló que incluso Arturo “N” también denunció tortura ante la Fiscalía General de la República y ante el Congreso del Estado para promover su solicitud de juicio político contra el fiscal Winckler.

Ante esta situación jurídica, Duarte de Ochoa asegura que él podría defenderse en Guatemala contra esta causa, “pero ¿para qué, si esta causa no va a ir más allá?”, por lo que prefiere defenderse aquí en México.

No obstante, reitera que si los únicos testimonios que lo pueden vincular son los de los cuatro exfuncionarios y “los cuatro ya declararon que yo no tuve nada que ver”, entonces esta causa no procederá.



“Y no hay otro elemento, ningún otro elemento que me vincule a esta causa; es una fabricación burda por parte del Fiscal General de Veracruz, que seguía claramente instrucciones de mi sucesor”, dijo, haciendo referencia al exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Y repite con vehemencia: “no hay otro elemento, no hay un sólo elemento, en absoluto para vincularme a proceso por el delito de desaparición forzada”

Por último, el exgobernador de Veracruz abundó que las declaraciones no sólo les fueron arrancadas bajo tortura sino que tales señalamientos ni siquiera tienen validez porque no las hicieron ante autoridad judicial y ni frente a su abogado, sino que lo hicieron violando todos sus derechos como es el “modus operandi” del actual Fiscal.



Antes de terminar la llamada telefónica, prometió enviar a través de sus abogados una copia de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del 6 de mayo del año en curso, a la que se había referido antes, misma que fue recibida en el correo electrónico y de la que se consignan algunas de las 25 páginas de que consta.