El Senado de la República se dispone a aprobar reformas que tipifiquen la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición y enajenación de facturas falsas, como delitos de delincuencia organizada.
El proyecto de dictamen que se tiene contemplado avalar durante el próximo periodo ordinario de sesiones -que arranca en septiembre-, busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas y las compañías que deducen operaciones simuladas, es decir, negocios fantasma.
Además, busca aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales —facturas— que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
El dictamen del que tiene copia
El Universal, que surge de las iniciativas de los senadores Alejandro Armenta (Morena) y de Samuel García (Movimiento Ciudadano), contempla que se debe incrementar el monto del perjuicio en la defraudación fiscal y su equiparable, así como la falsificación de facturas, al considerar la prisión preventiva oficiosa.