Tras entregar quejas a la CNDH, pensionados esperan emisión de recomendación al Gobierno

Posibles violaciones a sus garantías básicas, denunció la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV) ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México, luego de los retrasos en los depósitos de sus respectivas pensiones.

La representante de la COPIVEP, Adriana Chávez Tejeda, confirmó la asistencia de los jubilados este martes en la Ciudad de México, en donde aparte de presentar la respectiva queja ante la CNDH, acudieron a la Suprema Corte de Justicia con el propósito de dar seguimiento a los amparos presentados contra la Ley de Pensiones del Estado de Veracruz.

Dicha acción obligó a la CNDH a integrar esta queja con la anterior presentada, luego de las agresiones recibidas por parte de la fuerza policial el pasado 23 de diciembre y, el paso siguiente es la integración de un expediente del cual derivará la emisión de una posible recomendación.



“Llevamos la queja que presentamos aquí en marzo (ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos) sobre la impuntualidad de los pagos y la adjuntaron a un expediente que ya tienen de nosotros tras las agresiones del 23 de diciembre, están armando todo el expediente, que es un expediente bastante grueso y en cuanto lo tengan lo tienen que pasar a las personas indicadas para que hagan una recomendación”, informó.

Sin embargo, el proceso no es rápido, dado que implica que la CNDH recabe ambas versiones y por lo tanto, la defensoría cite a declarar a las autoridades del Estado de Veracruz, incluyendo a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

A la CNDH acudieron jubilados de la COPIPEV de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Alvarado, Xico, Coatepec, Naolinco, Tantoyuca, Pánuco y Tuxpan, aparte del apoyo de pensionados de la Ciudad de México.



La representante de la COPIPEV lamentó la lentitud y la escasa respuesta de parte de la CEDH de Veracruz, instancia que analiza también la agresión policial y la falta de puntualidad en los pagos.

De ahí los pensionados se trasladaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar seguimiento a los 17 mil amparos promovidos desde agosto de 2014 en contra de la Ley 287, conocida como “Ley IPE”, y en el caso de Xalapa, fueron radicados en diferentes juzgados y cada tribunal ofrece fallos distintos unos de otros.

“Cada juez ve el asunto de un color distinto”, explicó Adriana Chávez, a la vez que explicó el punto de acuerdo de la LXIII Legislatura en el sentido de que haya fallos homogéneos, “entonces se aprobó el punto de acuerdo, pero no lo enviaron a ningún lado, se quedó ahí, entonces tiene que pasar a los colegiados, a los magistrados y ellos tienen que pedirle a la SCJ que intervenga y no lo han hecho”, informó la activista.



El paso siguiente consiste en que el abogado de la Coalición notifique a los juzgados respectivos la existencia del citado punto de acuerdo, de modo que exista un fallo armonizado, aun cuando es un asunto pendiente desde el año pasado.