Urgen reformas a la Ley laboral que sancionen los despidos injustificados

El secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Jorge Domínguez Guevara, reconoció que es urgente una reforma a la Ley Laboral con el fin de que se puedan aplicar sanciones de tipo pecuniarias (multas) por despidos injustificados de trabajadores.

Sobre todo, dijo, a los alcaldes que provocan un daño al erario municipal, al pagar liquidaciones integradas en salarios y prestaciones “caídas” a los empleados que despiden de manera injustificada en forma individual o colectiva y que venían prestando sus servicios en el Ayuntamiento.

En el caso de un juicio laboral de un Ayuntamiento van cambiando las autoridades cada tres años, “así que cuando se entabla el juicio se coloca como domicilio del alcalde que despide, el Ayuntamiento del cual está a cargo, pero como regularmente los juicios se prolongan más de tres años, entonces los domicilios cambian y ya no hay forma de traerlos a que sigan desahogando pruebas o atendiendo audiencias.

Lo mismo sucede con el alcalde saliente, a quien se le pone el domicilio del Ayuntamiento, cuando ya no despachará ahí, aunado a que en muchas ocasiones los alcaldes que salen ya no acuden a las citas que les hace como testigos el Tribunal, argumentando enfermedad, etcétera, como no hay sanción que los obligue a acudir, pues no van y eso retarda un juicio laboral.

"Así que se deberían también poner sanciones a los funcionarios públicos para que no corran injustificadamente a los trabajadores sino que los despidan a través de un procedimiento legal".

Las sanciones pueden ser pecuniarias, porque en todas las actuaciones de los funcionarios que culminan en un juicio laboral llevan consigo un detrimento patrimonial para la institución, pues a pesar de que los juicios de esta materia son muy largos, en la mayoría de los casos, los ganan los empleados o ex empleados con daño al erario municipal, a veces dijo, de 3 administraciones posteriores a la que despidió

Confirmó que 15 empleados del Poder Legislativo interpusieron demandas laborales exigiendo reconocimiento de antigüedad y de nombramiento de base, debido a que les fue suspendida a partir de diciembre pasado, aunque siguen trabajando en el Congreso del Estado, pero ahora en calidad de eventuales.

Por ello, consideró necesario que las leyes de procedimientos civiles y laborales deben de ser reformadas para aplicar sanciones de tipo pecuniarias, debido a que en la actualidad los juicios laborales tardan mucho en resolverse.

“Y es que los testigos de un despido individual o masivo de trabajadores no acuden cuando son citados y eso retrasa demasiado el proceso, sobre todo, en el desahogo de pruebas. Estos casos se dan más con los Ayuntamientos”.

Sin titubear, Domínguez Guevara dijo que por eso es prioritaria una reforma al Poder Judicial, pero más aún a las leyes civiles y laborales en materia procesales para que éstas sean flexibles, expeditas para no dilatar el desahogo de pruebas de confesional a testimonial.

El secretario de Acuerdos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje hizo saber que muchas autoridades que despiden a trabajadores, promueven a la vez juicios de amparo, lo cual retrasan al menos 6 meses un proceso.

Recordó que la Ley en materia laboral recibió la última adecuación a su marco de procedimientos en 1992, por lo que ya urge una reforma procesal en este ámbito jurídico, toda vez que existe un rezago desde 1999 de casos que aún no han sido resueltos.