Van 20 denuncias por 337 mdp ante anomalías en primer año de yunismo

Como resultado del seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2017, la primera del Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y la última de las anteriores administraciones municipales, se iniciaron 129 procedimientos de investigación que hasta el momento han derivado en 20 denuncias por un monto de 337 millones 730 mil 948.10 pesos.

De acuerdo al informe que recibió la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), las denuncias se presentaron en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de 11 entes estatales por un daño patrimonial de 205 millones 877 mil 528.02 pesos; y en contra de 9 Ayuntamientos por 131 millones 853 mil 420.08 pesos.

Entre las entidades estatales denunciadas figura la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), por un daño patrimonial de 4 millones 771 mil 574 pesos; el Instituto de Espacios Educativos de Veracruz, por 81 millones 676 mil 570.17 pesos y el Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano, por 626 mil 886.19 pesos.



Y se presentaron dos denuncias en contra de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), una por 10 millones 322 mil 878.84 pesos y otra por 71 millones 654 mil 843.12 pesos.

En el informe del seguimiento a la Cuenta Pública 2017, que obra en poder de la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado, se señala que se iniciaron 129 Expedientes de Investigación; se emitieron 38 Acuerdos de Conclusión y Archivo; 19 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa; 12 procedimientos de responsabilidad administrativa; 46 servidores y/o exservidores públicos están sujetos a procedimiento de responsabilidad administrativa; hay 12 audiencias programadas por el área de substanciación; y 72 proceso de investigación.

El informe también señala que hubo reintegros en efectivo por 13 millones 981 mil 733.54 pesos.



Cabe recordar que en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017, el presunto daño patrimonial observado fue de mil 461 millones 390 mil 297.91 pesos.

Del monto total del daño patrimonial en el Ejercicio Fiscal 2017, un total de 338 millones 274 mil 311.51 pesos fueron observados en 3 Dependencias, 11 Organismos Públicos Descentralizados y 2 Fideicomisos del Gobierno yunista; sin embargo, en la fase de investigación y substanciación sólo se han solventado 132 millones 396 mil 783.49 pesos.

Mientras tanto, en la Cuenta Pública Municipal 2017, el presunto daño patrimonial

2017 fue por mil 102 millones 373 mil 460.26 pesos en 153 Ayuntamientos y 2 entidades municipales operadoras del servicio de agua potable.

Pero durante la fase de investigación y substanciación, sólo 144 Ayuntamientos pudieron solventar 970 millones 520 mil 040.18 pesos.

Los nueve Ayuntamientos que fueron denunciados son:



Cuichapa por 526 mil 27.11 pesos; Citlaltépetl, 345 mil 100 pesos; Cosamaloapan, 121 millones 245 mil 943.93 pesos; Tierra Blanca, 2 millones 748 mil pesos; Isla, 641 mil 833.89 pesos; Mario Fabio Altamirano, 1 millón 954 mil 911 pesos; Sayula de Alemán, 2 millones 373 mil 715.88 pesos; Nautla, 627 mil 380 pesos; y Alvarado, 1 millón 389 mil 908.27 pesos.

El informe de seguimiento a la Cuenta Pública 2017, señala que concluidas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora del ORFIS procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley en materia de responsabilidades administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.

Una vez calificada la conducta, se incluirá la misma en el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) y este se presentará ante la autoridad substanciadora a efecto de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa.



De no encontrarse elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar.

Dicha determinación, en su caso, se notificará a los servidores públicos y particulares sujetos a la investigación, así como a los denunciantes cuando éstos fueren identificables, dentro los diez días hábiles siguientes a su emisión.