Vendedores del FPR vuelven a denunciar hostigamiento de inspectores, en Xalapa

Vendedores informales afiliados al Frente Popular Revolucionario (FPR) se manifestaron en los bajos del Palacio Municipal de esta capital para denunciar el hostigamiento y violencia verbal del que son objeto por parte de los inspectores de la Dirección de Inspección y Atención Comercial (DIAC) del ayuntamiento local.

Gustavo Méndez Gallardo, representante de esta organización de comerciantes informales, acusó la anarquía imperante en este rubro en las principales calles y avenidas de Xalapa, en especial del centro histórico, en donde es patente la intromisión de la diputada federal morenista Claudia Tello, quien haciendo acuerdos con el alcalde Hipólito Rodríguez han colocado a diestra y siniestra a sus vendedores afines.

Por tal motivo, dijo, se está pidiendo la intervención del Presidente Municipal para que frene este tipo de situaciones y se les reconozca el derecho de trabajar en la vía pública y se le respeten sus derechos humanos, “porque ha habido mucha violencia verbal de parte del personal de Supervisión, quienes nos tratan como si fuéramos delincuentes”.



“Nos roban nuestras básculas y nos quieren obligar a pagar 400 y 700 pesos, respectivamente, por ejercer la actividad comercial en la vía pública, por una infracción que no cometieron, porque a fin de cuentas por muchos años hemos venido luchando para que se nos reconozca este derecho”, añadió.

Sin embargo, dijo, un gran número de vendedores (carretilleros) libres, que vienen de otras partes del Estado y tienen acuerdos por debajo de la mesa con el titular del DIAC y esto nos afecta y nos convierte en perseguidos y no tienen derecho a caminar por las calles de Xalapa.

El dirigente de FPR, señaló que en reiteradas ocasiones ha sostenido mesa de negociaciones con estos funcionarios municipales, quienes no tienen capacidad de resolución a los problemas planteados, “en realidad ocupan este cargo para no morirse de hambre, porque no tienen la capacidad o el perfil para desarrollar su responsabilidad, porque este es un problema social que debe resolverse a través del dialogo, no persiguiéndonos como delincuentes”.



Acusó de manera directa al licenciado Luis Alonso, titular de DIAC y a Guillebaldo Flores Lomán, subdirector de Comercio de la comuna local, quienes no tienen la capacidad para resolver el problema del comercio informal, por lo que les pidió que si no pueden con el problema, renuncien.

Finalmente, dijo desconocer el número de carretilleros libres que pululan por la ciudad, quienes en su gran mayoría son empleados que vienen de comunidades indígenas, percibiendo salarios por debajo del salario mínimo, laborando más de 12 horas y obligándolos a vender todo el producto para poderles cubrir sus salarios, de lo contrario no les pagan.