Veracruz cuenta con varios municipios donde los derechos de las mujeres no son respetados

Los municipios de Chicontepec, la Sierra de Santa Marta, Totonacapan, Soteapan, Sayula, sierra de Zongolica, sierra de Soledad Atzompa, cuidad de Orizaba, así como comunidades en las faldas de La Malinche es donde existen más violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Según los resultados del Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres en México, ocho estados abarcan el 61 por ciento de los feminicidios en el país.

Entre éstos se encuentran: el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Baja California, Distrito Federal, Jalisco, Veracruz y Michoacán, el primer lugar lo ocupa el Estado de México, en donde no se ha activado la alerta de género.



Sin embargo, en Puebla y Veracruz existen omisiones posteriores a la denuncia del feminicidio por parte de las autoridades, incluso, las procuradurías municipales no tienen un número exacto de casos de asesinatos contra mujeres.

Han sido las asociaciones quienes se han encargado de contabilizar los delitos contra las mujeres, “las autoridades no cuentan con programas, modelos de atención o capacitaciones, sin realizar propiamente diagnósticos o estudios que den cuenta de la violencia contra las mujeres”.

En el estudio se destaca que Veracruz es el estado con las cifras no oficiales más altas de la región, ubicándose por arriba de la media nacional, en cuanto al porcentaje de mujeres de 20-24 años.



Un informe elaborado por las Premio Nobel Jody William y Rigoberta Menchú, afirma que los feminicidios han aumentado 40 por ciento desde 2006 en el país.

En el mismo documento, indica que los territorios con presencia militar son donde han aumentado más los feminicidios, además de incrementarse los casos de violencia sexual por parte de cuerpos de seguridad y fuerzas castrenses militares.

En este sentido, el diputado federal perredista, Roberto López Suárez, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que las autoridades deben trabajar con asociaciones civiles para documentar los hechos de violencia y así poner más atención donde estén sucediendo.