Veracruz, la tercera entidad con más investigaciones de FEPADE

De la corrupción ningún partido político tiene las manos limpias. La Procuraduría General de la República (PGR) ha detectado en los últimos tres años más de mil casos de corrupción cometidos por los nueve institutos políticos con registro nacional (PRI, PAN, PRD, MORENA, MC, PVEM, PANAL, PES y PT), además de partidos locales e independientes.

Un informe elaborado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), dependiente de la PGR— del cual posee copia El Universal—, detalla que desde el 1 de enero de 2014 hasta agosto de 2017 suman 8 mil 843 expedientes por conductas ilegales electorales, de los que 11.44% (mil 12 expedientes) están relacionados directamente con casos de corrupción de partidos y de los que se desprenden 171 averiguaciones previas.

Compra o coacción del voto de servidores públicos, uso de programas sociales para campañas, condicionamiento de recursos públicos para beneficio de candidatos, así como desviación de recursos de funcionarios y casos de corrupción de exgobernadores son algunos de los casos que investiga la FEPADE.



Si bien en 2014 la Fiscalía únicamente abrió 13 expedientes, para 2015 —año de elecciones federales—, las cifras despegaron al detectarse un total de 161 casos de corrupción electoral de los partidos políticos, funcionarios públicos o de candidatos.

En 2016, año de la elección de 12 gobernadores, aumentaron los casos de corrupción; por lo que la Fiscalía abrió 624 expedientes. Hasta este agosto se contabilizan 214 casos abiertos en ese sentido.

“De los mil 12 expedientes iniciados por conductas relacionadas con corrupción, 26% (263) involucran a servidores públicos municipales o locales, 19% (192) a servidores públicos estatales, 19% (192) a servidores públicos federales y 3% (30) a funcionarios partidistas”, destaca el reporte elaborado por la dependencia.



Los partidos políticos que encabezan la lista de casos de corrupción, de acuerdo con el documento Integridad Electoral, son: el PRI, con 327 expedientes abiertos; el PAN, con 134; PRD, con 76 y MORENA, que aunque tiene como bandera la lucha contra la corrupción, mantiene 47 casos de expedientes que son investigados por la FEPADE.

Se tienen registrados 30 expedientes del PVEM; de Movimiento Ciudadano, 11; PES tiene cuatro al igual que el PANAL y el PT cuenta con 3 casos abiertos por corrupción. Hay 10 expedientes de independientes, 16 de partidos locales y 23 de otros institutos.

De acuerdo con el reporte de la FEPADE, las entidades de la República que concentran 55.8% del total de expedientes iniciados por conductas de corrupción en los últimos tres años son: Puebla, con 207 expedientes; la Ciudad de México, con 117; Veracruz, con 87; Oaxaca, con 79 y el Estado de México, con 74.



Sin embargo, también resaltan los estados de Chiapas que —de acuerdo con la Fiscalía—, tiene registrados 56 expedientes por conductas de corrupción, así como Coahuila, con 39; Zacatecas, con 32; Tlaxcala, con 31; Chihuahua, con 28; Durango y Nayarit, con 23 cada uno; Sinaloa, con 22 y Sonora, con 21.

El resto de las entidades, como: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán, concentran menos de 20 expedientes abiertos.

Los exgobernadores



Aunque los casos ascienden a más de mil, hay expedientes más públicos que otros. En los últimos tres años únicamente se han librado cuatro órdenes de aprehensión; dos contra los exgobernadores del PRI, Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz y César Duarte Jáquez, de Chihuahua. Ambos casos en este mismo año.

En marzo la FEPADE obtuvo de un Juez la orden de aprehensión en contra de Duarte de Ochoa por su probable responsabilidad en la obstaculización de las labores públicas de los funcionarios electorales del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz. Actualmente preso en el Reclusorio Norte, Javier Duarte habría negado recursos para desarrollar la elección de 2016, en la que resultó ganador el panista Miguel Ángel Yunes Linares.

Mientras que a César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, se le libró una orden de aprehensión luego de su probable responsabilidad por el desvío de 79 millones de pesos para las campañas del PRI.

El pasado 12 de septiembre, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía, también solicitó formalmente la extradición de César Duarte Jáquez, quien presuntamente radica en Estados Unidos y es acusado de peculado.



De acuerdo con el documento Integridad Electoral, la FEPADE detalla que también en el periodo de 2014 a agosto de 2017 se judicializaron seis carpetas de investigación contra servidores públicos. Tres son contra el PRI e involucran a servidores públicos estatales y federales; además de otro caso en contra de servidores públicos del PAN.

A pesar de que el líder de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, tiene como estandarte la lucha contra la corrupción, la FEPADE está a la espera de que se celebre una audiencia en contra de un funcionario integrante de ese partido por destinar, utilizar o recibir aportaciones de dinero o especie en favor de precandidatos y candidatos, durante la etapa de campañas.

El caso de "La Loba"



Una más de las cuatro órdenes de aprehensión obtenidas por la FEPADE fue en contra de la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo, mejor conocida como "La Loba", quien encabezaba una red de personas que se dedicaban a entregar actas de nacimiento a migrantes centroamericanos con la finalidad de tramitar credenciales de elector ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y así votar a favor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

De acuerdo con el expediente AP974/FEPADE/2015, "La Loba" se dedicaba a engrosar el padrón electoral de Chiapas y lo hacía con la ayuda de su esposo, Saúl Álvarez López, quien era director del Registro Civil del municipio de Suchiate y por tanto, obtenía con facilidad las actas de nacimiento para personas de El Salvador, Honduras y Guatemala, quienes en época electoral cruzaban la frontera Sur con la finalidad de sufragar a cambio de dinero o facilidades para residir en Chiapas.

El pasado 31 de marzo, Espinoza Toledo fue detenida por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tras una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía.



Conductas y sanciones

El informe de la FEPADE, bajo el mando de Santiago Nieto Castillo, deja en claro que la corrupción perjudica a las instituciones democráticas, desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política; además destruye las bases de las instituciones democráticas al poner en riesgo la equidad de las etapas del proceso electoral.

Señala que las conductas relacionadas con corrupción en materia penal-electoral tienden a ser mayores cuando los funcionarios públicos condicionan la prestación de un servicio a la emisión o a la abstención del ejercicio del derecho al voto. En ese caso, en el periodo en referencia del informe se registraron 383 expedientes de este tipo.



La FEPADE también reportó 265 indagatorias a funcionarios públicos, por destinar bienes a su disposición al apoyo o perjuicio de un precandidato o partido político. Asimismo, se registran 177 casos de coacción o amenazas de funcionarios públicos a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas y para que voten o se abstengan de votar.

El documento refiere que se detectaron 107 casos en los que los servidores públicos proporcionaron apoyo a un precandidato, partido político, coalición o agrupación política; de manera directa o a través de subordinados durante horarios laborales.

La Ley General en Materia de Delitos Electorales detalla en su artículo 15 las sanciones en contra de funcionarios públicos que incurran en corrupción:

“Se impondrán de mil a 5 mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito o en montos que rebasen los permitidos por la ley”, se indica.



Mientras que el Código Penal Federal, en su artículo 407, explica que las sanciones contra funcionarios públicos por estas conductas oscilan entre los 200 y 400 días multa, así como prisión hasta por 9 años.